Las otras víctimas de la cuarentena: la vulnerabilidad de los refugiados y migrantes

Si Nayleth se quedaba un día más viviendo en el camión, pudo haber dado a luz ahí mismo, junto a su esposo Moisés y sus dos hijos de 6 y 2 años. El parto estaba programado para el domingo 29 de marzo, pero se adelantó para el jueves 26, día en el que junto a su familia abandonó el camión en donde estuvo (sobre)viviendo por una semana.

“La gente de la zona (Magdalena) se dio cuenta de que habían niños y una embarazada viviendo ahí y les empezaron a traer víveres. Por la cuarentena no podían salir así que los policías también los apoyaron”, cuenta Sandra Boza, gerenta de Desarrollo Humano del municipio de Magdalena.

En el camión, vivían además otra pareja de esposos y una adolescente de 14 años. Todos se distribuían en dos colchones viejos que habían adaptado sobre las maderas del pequeño camión de carga. Los policías de la comisaría de Magdalena les prestaban el baño y les daban agua para que pudieran asearse.

En la calle

Nayleth, de 22 años, y su esposo Moisés, de 19 años, son venezolanos y llegaron al Perú en setiembre del año pasado para sobrevivir a la crisis de su país. Moisés trabajaba limpiando las lunas de los carros, mientras que Nayleth vendía golosinas en los buses de transporte público junto a sus dos hijos. Ellos vivían en un albergue en San Juan de Lurigancho. Sin embargo, días después de iniciado el estado de emergencia dispuesto por el Ejecutivo para enfrentar el coronavirus, perdieron los cupos que tenían en ese refugio.

El esposo de la mamá de Moisés, también venezolano, es chofer de un camión y, debido a la emergencia, le pidió a su jefe que albergara a la familia. Así es como Nayleth, Moisés y sus dos hijos llegaron a vivir en el camión de Magdalena. La alerta que lanzó la esposa del dueño del camión por la crisis de esta familia venezolana, llegó hasta los oídos del municipio de Magdalena, ACNUR y la embajada de Venezuela. Los voceros de estas entidades lograron ayudarlos a conseguir una pensión en Barranco, al menos, durante la cuarentena.

“Los asistimos y pudo nacer la niña y ser atendida en un hospital. Este caso refleja la situación de muchos refugiados migrantes que están en alto grado de vulnerabilidad en este periodo de crisis sanitaria”, asegura Federico Agusti, representante de ACNUR en el Perú.

Agusti refiere que se ha logrado apoyar a más de 300 refugiados migrantes en 12 albergues de Lima, Tumbes y Tacna, hasta el momento. Sin embargo, la ayuda no basta. “Los que ya están en albergues ya están en cuarentena y tampoco pueden recibir a más personas, para evitar el contagio. Estamos viendo dónde ampliar otros albergues para poder recibir a personas que están en situación de calle”, agrega.

La situación es crítica

Según las cifras de ACNUR, en el Perú hay 862 mil venezolanos y de ellos 480 mil han solicitado la condición de refugiados. La situación en estos tiempos de aislamiento se agrava porque la mayoría de venezolanos trabaja de manera independiente.

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“El 90% de los venezolanos de los casi 860 mil que hay en el Perú son independientes, es decir, no tienen la CTS no cotizan AFP. Es un tema bien complicado. Hemos identificado que tienen dos grandes problemas: el pago del alquiler porque han habido familias que han sido desalojadas de sus casas porque no pueden pagar. Y el segundo es que no generan ingresos y no pueden adquirir alimentos”, precisa el embajador de Venezuela en el Perú, Carlos Scull.

El embajador asegura que para enfrentar esa situación se ha iniciado además de asesoría jurídica para los refugiados, un plan de alimentación solidaria junto a una ONG para abrir centros de acopio en algunos distritos de Lima y entregar alimentos a la comunidad venezolana. Precisó que se ha abierto un censo de vulnerabilidad para que los migrantes que necesiten ayuda en esta crisis sanitaria puedan registrarse y solicitarla. A la fecha, se han registrado más de 90 mil venezolanos.

“Hemos podido ayudar a más de 1.000 familias en Lima. Estamos haciendo coordinaciones para ver un poco cómo apoyar a la gente en provincia porque no es suficiente. Ojalá que la repartición de canastas en los municipios anunciada por el presidente pueda beneficiar a la comunidad venezolana porque esta es una ayuda para todos”, indicó.

Para Óscar Pérez, presidente de la ONG Unión venezolana, la crisis sanitaria que se vive por el coronavirus, está demostrando la vulnerabilidad en la que vive la población venezolana en el Perú.

“Hay que recordar que muchos viven de lo que ganan diariamente. Por ejemplo, los que trabajan en los delivery o los taxistas por aplicativo. De igual forma, tenemos a muchos que trabajan en pequeños comercios en donde les pagan semanalmente, incluso, tenemos personas que trabajan como ambulantes y viven de lo que producen diariamente, y han venido durante mucho tiempo a adecuando a sus ingresos diarios. Muchos de ellos, su despensa, sus anaqueles no los llenan porque compran lo que diariamente consumen”, precisa.

Pérez asegura que, desde su ONG, continúa en coordinaciones con organismos internacionales para obtener ayuda u otras alternativas para poder ayudar a los refugiados migrantes y mitigar lo que están enfrentando. Por eso, hace un llamado a organizaciones de la sociedad civil y a la empresa privada para que puedan solidarizarse y ayudar a la población vulnerable venezolana.

El lunes, el ministro de Relaciones Exteriores, Gustavo Meza-Cuadra, indicó que se han iniciado las coordinaciones con el alto mando de las Naciones Unidas para implementar medidas que puedan dar respaldo a los refugiados migrantes que están en grado de vulnerabilidad.

Piden incluirlos en programas

La Defensoría del Pueblo emitió un pronunciamiento solicitando al Ejecutivo incluir a los refugiados migrantes en las medidas de protección a las personas vulnerables que se han iniciado.

En un comunicado, la Defensoría refiere que el estado de emergencia decretado para enfrentar el coronavirus impide que un gran número de personas puedan desarrollar las actividades que les genera un ingreso económico diario, y esto pone en riesgo la seguridad alimentaria de grupos de especial protección.

Además, resaltan que les parece preocupante que en las últimas semanas se haya reportado desalojos arbitrarios y abusivos de familias con niñas y niños ya que ello podría afectar con más intensidad a las familias migrantes, quienes se encuentran en una mayor situación de vulnerabilidad por su condición migratoria.

“Al respecto, es preciso recordar que las ejecuciones de desalojos deben enmarcarse dentro del marco legal; pues, de lo contrario, podrían incurrir en responsabilidades civiles e, incluso, penales”, detallan.

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