Fiscalía identifica a tres bandas de traficantes de terrenos

Al menos tres bandas dedicadas al tráfico de tierras (delito de usurpación) operan en la región Lambayeque. Para realizar sus actividades ilícitas, tienen el apoyo de algunos servidores municipales, trabajadores de notarías y funcionarios del Organismo de Formalización de la Propiedad Informal (Cofopri) y la Superintendencia Nacional de Registros Públicos (Sunarp), según advirtió César Bravo Llaque, adjunto superior de la Primera Fiscalía Superior Penal de Apelaciones de Chiclayo.

Fuentes del Ministerio Público revelaron que en el 2014 se registraron 1.019 denuncias por usurpación, siendo una de las más graves el caso de la comunidad de Olmos, donde 20 supuestos posesionarios se adjudicaron hectáreas de terrenos sin el permiso de esta organización. El litigio surgió debido a que estas tierras invadidas han triplicado su valor por encontrarse cerca del proyecto de irrigación Olmos.

Bravo Llaque dijo que las cifras dadas a conocer por el Ministerio Público deben alertar a la población a tener cuidado con estas bandas, que constituyen una asociación.

“En cada una de ellas hay un cabecilla que se encarga de convocar a los servidores de las instituciones del Estado”, menciona.

El Ministerio Público investiga casos como el de las viviendas ubicadas en el asentamiento humano Ciudad de Dios, que fueron construidas por el otrora Banco de Materiales y ahora se encuentran invadidas.

En el distrito de José Leonardo Ortiz hay también un proceso por la invasión y venta de terrenos sin el conocimiento de los dueños. Lo mismo ocurre en la provincia de Ferreñafe y en Motupe.

“La principal investigación en la que estamos trabajando es la de Olmos, donde hay funcionarios involucrados”,  revela el fiscal.

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