¿Por qué llega tarde la justicia para las familias o víctimas de violencia de género que usan la defensa pública?: Esta es la situación de los Centros de Emergencia Mujer y los abogados

Tenía solo ocho años cuando su padre comenzó a abusar sexualmente de ella. La violencia duró ocho años más, hasta que cumplió 16. El 11 de marzo del 2022, Andrea, a quien llamaremos así para proteger su identidad, le contó a su madre lo que estaba viviendo. Consternada, la madre puso una denuncia en Chincha (Ica) y a la menor le hicieron diversas pruebas que confirmaron la violación. Días después, el Primer Juzgado de Investigación Preparatoria dictó nueve meses de prisión preventiva; sin embargo, en octubre Ángel Laura Fajardo, el padre, fue absuelto.

Detrás de este acto de impunidad no solo estaban los tres jueces que lo absolvieron, si no también la dejadez de la abogada Stefani Guisela De La Cruz Reyes, asignada por el Centro de Emergencia Mujer (CEM) de Pueblo Nuevo en Chincha a la familia. Según indicó Beatriz, tía de la menor, cuando recién asignaron a la abogada, esta olvidó presentar los papeles por lo que en la audiencia solo podía estar como espectadora; luego salió de vacaciones sin avisarles a ellos o asignar otro abogado y el proceso legal demoró aún más; cuando trataban de comunicarse con ella, no respondía; en las audiencias no hablaba; y, cuando a Laura Fajardo lo dejan libre, la abogada no les avisó ni tampoco contestó el teléfono.

Ante esta situación y el pánico que tenía Andrea y sus familiares de que el agresor esté libre y rondando por su casa, decidieron acudir a una abogada privada. A pesar de que con esta nueva defensa el proceso judicial avanzó más rápido y en enero de este año se anuló la sentencia anterior - donde fue absuelto y se ordenó su orden de captura -, actualmente Laura Fajardo sigue libre y está no habido, contó Beatriz a este Diario.

Pero esta situación no es inédita, cientos de familias o víctimas sobrevivientes de feminicidios o violencia sexual viven una constante lucha con la justicia y los defensores públicos. Mariela del Carmen Baca fue asesinada por su pareja, Ernesto Rodrigo Pacheco Vado, cuando huía de él en un auto en el 2021 en Chiclayo (Lambayeque) contó su madre, Mariela del Socorro. Dos años después, el agresor sigue libre. “A mi hija la mató su pareja el 30 de enero del 2021. Mi hija, antes que fallezca, llamó a pedir ayuda, venía atrás de ella con revólver, luego no volvió a hablar más. Ahí fue el choque”, dijo la madre.

A pesar de tener evidencias y estar en flagrancia, las autoridades no actuaron. Mariela contó que los abogados del CEM llegaron y pidieron prisión preventiva y que le levanten el secreto de comunicaciones, pero el Fiscal no hizo nada. Agregó que para el proceso legal “el CEM sí actuó, presentó lo que correspondía y prisión preventiva, pero el fiscal omitió todo, como si el CEM no les importara. Tras eso, yo cambié de abogado porque el día que tocaba la declaración de Pacheco no estaba el abogado, había otro”. Pese a cambiar de defensa, Pacheco Vado sigue libre dos años después. Sin embargo, Mariela dedica todos los días de su vida a intentar llevar justicia a su hogar: “estoy atada y estoy cansada, pero no dejaré de publicar para buscar justicia, aunque no la tenga”.

Entre enero y junio de este año, los CEM han registrado 79 casos con características de feminicidio, 133 tentativas de feminicidio y 14.500 casos de violencia sexual, esto entre muchos otros casos de abuso como violencia física, psicológica, hostigamiento sexual, etc. Hasta junio, el Programa Nacional Aurora del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), encargado de los CEM, registró 559 casos con alguna sentencia favorable en etapa judicial de los más de 70 mil casos que había atendido.

Sandy Evangelista, vocera de la asociación Familias Unidas por Justicia y hermana de una víctima de feminicidio en 2006, explicó que muchas veces la falta de continuidad de los abogados ocurre cuando el proceso está en una primera etapa. “Ahí sí cambian por día y turno, hemos visto bastante variación. Cambian mucho hasta tener una prisión preventiva”, dijo. Agregó que esta situación es aún peor en zonas alejadas, rurales o caseríos donde no hay profesionales.

Específicamente lo que mencionan Mariela y Sandy sobre el cambio de abogados de los CEM es uno de los principales problemas que afecta el proceso legal de las familias o víctimas de violencia de género. Y es que los defensores que trabajan en estos centros lo hacen por día y los casos los ven diversos abogados dependiendo del turno, explicaron las familias y especialistas. Por ejemplo, si un caso de violencia llega a un CEM un sábado, hay un abogado que recibe el caso, pero si la siguiente audiencia es el martes, otro abogado se encarga de esto.

Rosario Sasieta, abogada y ex ministra de la mujer, indicó que el sistema es perverso porque hay abogados pero no todos los días. “Un abogado debe ver el caso desde el inicio hasta el final, pero acá es un collage. Entonces, los usuarios no tenían un acercamiento profesional con un letrado que se hiciera cargo”, expresó a este Diario. Explicó que se debe trabajar para ver cuántos abogados hay en los CEM y cambiar el sistema en el cual un abogado va por día y no trabaja por casos.

En esa línea, Shely Danae Cabrera Loayza, abogada y vocera de Manuela Ramos, sostuvo que para una buena defensa es indispensable que los abogados tengan conocimiento pleno del caso. Sin embargo, algo que sucede con abogados o fiscales es que si no están de turno, se asigna otra persona y esta no necesariamente está enterada; entonces no defenderá bien a la víctima o se pedirá reprogramación, esto alarga el proceso y se re victimiza a la persona, comentó.

“El trato de los abogados públicos varía, no se puede decir que todos hacen un trato deshumanizante, pero es algo que se ve seguido porque no son abogados que se dedican exclusivamente a un caso, si no que tienen que cumplir con parámetros que se les da para justificar un salario. Puede ser por negligencia o porque el sistema les obliga”, expresó la abogada.

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La Defensoría del Pueblo indicó que a mayo del 2023, en 19 regiones del país, 195 CEM de 430 no tienen equipos completos - ya sea abogados, psicólogos o trabajadores sociales -. Diana Portal, adjunta para los derechos de la Mujer de la Defensoría, explicó que de acuerdo a las supervisiones que realizaron, han detectado que debido a la alta cantidad de casos que llevan los CEM se hace más difícil el acompañamiento del proceso legal. “El acompañamiento va disminuyendo mientras el proceso va avanzando, aunque estos necesitan la garantía de acompañamiento integral”, dijo.

Asimismo, aseguró que es necesario fortalecer los servicios del CEM para que cuenten con personal que evalúe cuántos casos llevan. “Cada caso necesita un plan de atención, seguimiento, los procesos judiciales no son cortos. El Programa Aurora debe tener un diagnóstico de esta situación de qué está pasando con la respuesta legal. Hay equipos incompletos, pero también alta rotación”, indicó Portal.

Sin embargo, Natalia Escudero, vocera del Programa Nacional Aurora, sostuvo que los casos que llegan a los CEM son del servicio, no de cada abogado o turno. “Estos tienen que ser atendidos por todos los turnos. Los CEM que trabajan 24 por 7 deben actuar como abogados conjuntos”, dijo.

La Defensoría del Pueblo explicó que otro problema en los Centros de Emergencia Mujer es el síndrome de rotación profesional y eso afecta directamente la defensa pública. “Ellos trabajan con violencia todos los días, entonces hay una carga alta y se debe fortalecer el cuidado al equipo”, sostuvo. Según indicó el MIMP, de enero a julio se han atendido 96.202 casos en los CEM.

Natalia Escudero explicó que la alta rotación se da por diversas razones, entre ellas el agotamiento profesional por los casos que se ven. Ante eso, el MIMP desarrolla talleres y capacitaciones para apoyar a los funcionarios y evitar esto. Por otro lado, indicó que actualmente se está en un proceso de convocatoria CAS, pero “mucho va a depender de la disponibilidad presupuestal, estamos siempre a la espera del visto bueno del Ministerio de Economía y Finanzas. Nosotros podemos tener el requerimiento de cuantos profesionales necesitamos, pero por la falta de disponibilidad presupuestal”.

En esa línea, Josefina Miro Quesada, abogada especialista en derechos humanos, comentó que es un “efecto cascada” porque la situación en la que se encuentran los funcionarios es precaria y esa situación obliga a desistir por salud mental, baja remuneración, malas condiciones, etc. “y eso tiene impacto desproporcionado en las víctimas”, expresó. Añadió que “la violencia de género está, cada vez más, teniendo una respuesta de denuncia de la ciudadanía y eso es positivo, pero conforme aumentan las denuncias no aumenta la respuesta del estado. La oferta sigue siendo menor y se refleja en el presupuesto y la prioridad del gobierno”.

Según un informe de EC Data de junio de este año, la transferencia de recursos orientados a erradicar la violencia contra la mujer representa una porción mínima de fondos públicos. En 2023, la asignación representó solo el 0,24% del presupuesto nacional.

Miro Quesada agregó que el Estado debe ser capaz de garantizar que las personas que no tienen recursos tengan una defensa de buena calidad, deben garantizar igualdad en el acceso a la justicia, especialmente cuando se trata de casos de violencia de género. Sobre esto, la vocera de Manuela Ramos indicó que el acceso a la justicia sigue teniendo barreras de índole social, pues los que no pueden pagar una defensa privada van a estar sometidos a este sistema que “si tienen suerte estarán con buenos abogados que no se limiten, pero esto no pasa siempre”.