Jefe del INPE: “Hay penales que son el infierno en la tierra”

—A propósito del caso de Melisa Gonzales Gagliuffi, ¿por qué solo 46 personas a nivel nacional cuentan con el grillete de vigilancia electrónica?

La norma que regula los grilletes tenía un objetivo: deshacinar penales y por eso se promulgó en 2010. Desde ese año hasta 2023, la norma tiene 13 años de vigencia, en ese periodo de tiempo se han colocado 106 grilletes. Actualmente tenemos 46 privados de libertad que cuentan con este dispositivo. Con el pasar de los años se han ido retirando algunos a los que han cumplido su pena.

Si desde que se promulgó la norma se han implementado 106, significa que son menos de 10 por año, menos de uno por mes. Ello implica el fracaso total de la norma. ¿Qué ha deshacinado? Casi nada. ¿Por qué? Es facultad del juez otorgar la imposición del grillete. Mientras que sea responsabilidad jurisdiccional, creemos que el fracaso está asegurado.

Mientras que sea responsabilidad jurisdiccional (la colocación de grilletes), creemos que el fracaso está asegurado.

Jefe del INPE, Javier Llaque Moya.

Se busca que ya no sea facultad del juez conceder, sino que sea la ley la que disponga en qué casos corresponde colocarlo. Tampoco estoy diciendo que sea a manos del INPE para que se realice alguna evaluación, porque algún malintencionado puede señalar ‘ah, le quieres quitar al juez para que tú dispongas. Qué negocio quieres hacer’. La ley dirá quién cumple condiciones y si se le va imponer medida restrictiva de prisión preventiva, solo se coloca el grillete.

—¿En qué casos o delitos se aplicaría?

En delitos no graves como hurtos, hurtos agravados. Si estamos en el micro, me descuido y me sacan el celular del bolsillo; no hay violencia contra la persona, ese es un hurto. También cuando se meten a mi casa y se roban la bicicleta del balcón. Como es una vivienda habitada o es de noche, la ley señala que se agrava (...) Por supuesto que el tema es sensible porque alguien dirá ‘si me sacaron el celular, que vaya a la cárcel’. Creemos, que si bien esa es la reacción de la víctima, el Estado también tiene que tener una propuesta. Con ello decirle al agraviado que no todo es cárcel, no todo es pena.

"Yo prefiero que le pongan un grillete a quien se vea beneficiado y si él va trabajar, lo obligo a que pague reparación civil"

Yo prefiero que le pongan un grillete a quien se vea beneficiado y si él va trabajar, lo obligo a que pague reparación civil.

—¿Cómo funciona realmente el grillete?

Lo que hace este dispositivo es dirigir el movimiento de la persona. La gente cree que si lo tiene, ahora es un hombre libre pero no lo es. Se define una ruta y es señalada en la resolución. También una para ir al médico con día y horario. De tener una emergencia, se emite una alerta. Verificada ella, desaparece el aviso. Dos o tres alertas no identificadas, se informa al juez para que lo conmine a que cumpla. Si no se acata, se revoca.

Nuestra propuesta es que la ley señale -a quién le corresponde el grillete- pero ya no como facultad del juez porque si en 13 años no han sido capaces de aplicarlos, no podemos volver a tropezar con la misma piedra.

—¿Esto reduciría costos y hacinamiento en los penales?

De 91.500 privados de libertad, aproximadamente 35.000 están procesados. De estos últimos, seguramente algunos por delitos muy graves pero hay varios, o muchos, por delitos no graves como hurtos o hurtos agravados. Tenemos casi 500.

¿Conviene económicamente? Sí. Un grillete cuesta aproximadamente S/1.400. Mantener a un privado de libertad en cárceles demanda un aproximado de S/1.000, solo su manutención y todos los servicios que les damos. A pesar que el de alimentación es muy barato, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) nos destina un presupuesto bastante bajo para alimentar a una persona en el penal. Son S/ 6.50 para desayuno, almuerzo y cena. El resto del gasto constituye a otro tipo de servicios. Es ligeramente más barato que un grillete ahora en un plan piloto que tenemos, los cuales son 60 dispositivos. Por economía de escala, si contratamos 500 grilletes, el servicio tiene que bajar. Si vamos a 2.000, bajará más.

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También hay que tener en cuenta otro factor económico. Una unidad de albergue, es decir, una celda donde está el privado de libertad con todos sus servicios adicionales: el taller, el tópico de salud, personal médico. El promedio internacional del costo es de $35.000. Si se suma la manutención mensual, más la celda, indudablemente nos sale económicamente mucho más barato el grillete de vigilancia electrónica.

Nuestro ámbito es 500 procesados por hurto y 500 condenados a penas de dos años -como por falta de pago de manutención o manejar en estado de ebriedad-, ambos harían aproximadamente 1.000 beneficiados. Demostramos un tiempo que es eficaz y podemos ir a otro tipo de delito.

"Lo triste es que el último penal que se construyó fue en 2015, Cochamarca. Tenemos ocho años sin un solo nuevo y no puede ser porque desde ese año, a la actualidad, hay 20.000 internos más (...) La situación es espantosa"

—¿Cuál es la situación actual del hacinamiento en los penales?

Tenemos 91.500 privados de libertad. En enero teníamos 89.000. Me temo que este año vamos a tener 5.000 más y no tenemos penales nuevos. Hay proyectos de inversión, tenemos que trabajar expedientes técnicos. Después se debe construir, estoy hablando de aquí a tres o cuatro años. Periodo donde se acumularían 20.000 privados de libertad más.

Lo triste es que el último penal que se construyó fue en 2015, Cochamarca. Tenemos ocho años sin un solo nuevo y no puede ser porque desde ese año, a la actualidad, hay 20.000 internos más (...) La situación es espantosa.

Hay penales, y lo digo con mucha pena, donde lamentablemente son el infierno en la tierra porque no hay espacio para que duerman. Eso, desde el punto de vista de los derechos humanos, no podemos permitirlo. Hay que abordarlo desde la manera seria, una de ellas es la implementación de los grilletes, la otra es construir penales y en eso estamos.

—Hace poco se anunció la fuga de un interno del penal Castro Castro en San Juan de Lurigancho. En Piura también se registró un motín con el secuestro de un agente del INPE. ¿Cómo la institución está garantizando la seguridad y control al interior de los centros penitenciarios?

Esas cosas ocurren cuando el personal no hace el trabajo que debe. Implica que, cuando se realiza una intervención, se tienen que cumplir ciertos protocolos de seguridad. Si en una celda hay un grupo de internos con cierta alteración de la conducta constante durante determinados días, hay un potencial accionar violento de quienes están privados de libertad en ese espacio.

Lo que ocurrió en Piura es que estos internos venían mostrando ciertas actitudes hostiles y a pesar de ello, nuestro personal no tomó las medidas de seguridad al intervenir, por determinado tema, la celda y fue tomado de rehén. Hemos dispuesto que eso no pueda volver a ocurrir.

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Cuando se realiza una acción de intervención, todo servidor tiene que garantizar que no va ocurrir un hecho de violencia y por eso debe tomar medidas de precaución. Por supuesto que es lamentable que a veces no lo hagan porque claro, no hay recursos humanos. Pide ayuda y el que debería acompañarlo está en el pabellón llevando a un interno que se puso mal al hospital.

Esa custodia debería estar a cargo de la policía, pero nunca tiene personal para llevarlos al hospital y el INPE tiene que asumirlo porque -el reo- tiene una cita médica, porque le dio apendicitis, no se puede esperar. Se destina a un chófer para que maneje la ambulancia y a dos técnicos de seguridad para que lo custodien. A veces debemos mover a dos o tres privados de libertad, debilitando los servicios. (En la celda) interviene uno solo y ocurre lo que pasó en Piura.

—¿Entonces no hay una buena administración de seguridad con la policía?

No, lo que pasa es que faltan recursos humanos. A nosotros y a la policía también. Desde el año 2020 no tenemos nuevos agentes porque la escuela del INPE se cerró por la pandemia. Este año vamos a abrir, pero recién los servidores saldrán el otro año.

La población penitenciaria crece. Este año vamos a tener, por lo menos, 5.000 privados de su libertad más. Cuando salga la promoción nueva, serán 5.000 más. Lo que se creyó que iba aliviar la tensión que ya existe, será para los próximos y es un círculo vicioso. Si se cierra la escuela, si no se tienen los recursos para nuevos servidores, tendremos estos temas de manera permanente.

A pesar de ello, hemos dispuesto lo pertinente para que no vuelva a ocurrir lo de Piura. Respecto a la fuga, también el personal no cumplió con su labor. Actualmente están siendo procesados desde el ámbito administrativo disciplinario. El primer informe se emite el día viernes y serán sometidos al tribunal de disciplina.

—Durante el motín en el penal de Piura, los internos denunciaron a través de un video presuntas malas condiciones al interior de la sede. ¿Es realmente algo que está sucediendo?

Lo que ha ocurrido en Piura es este error del servidor, porque, reitero, hay falta de recursos. El penal mencionado tiene tres veces más población penitenciaria que su capacidad de albergue. Esto se va afrontar con un proyecto de construcción de penales donde vamos a pedir más medios. En él se incluye la ampliación del penal señalado, con una capacidad de albergue mucho mayor para poder afrontarlo, pero este es un plan a mediano o largo plazo.

—En esa misma línea, también se sabe que detuvieron a más de 20 funcionarios del INPE en la misma región y el director del penal anteriormente mencionado. ¿Cómo están supervisando la funcionalidad en el norte del país?

Lo que sucedió con ese mega operativo hace aproximadamente 20 días, en donde el personal presuntamente estuvo involucrado en actos ilícitos, nació como consecuencia de la intervención a un personal INPE por nuestros propios agentes. No se crea que fue la Fiscalía o la policía. El alcaide que estaba de servicio intervino a un servidor con cuatro celulares.

Tras ello se generó una investigación donde el trabajador que portaba los móviles, lamentablemente síndico a quien lo intervino y a quien le hizo la revisión personal como si estuvieran involucrados en una mafia criminal. Ello generó el operativo en el penal con una gran cantidad de policías que nosotros también apoyamos porque nos lo pidió la Fiscalía. Terminadas las indagaciones, todos los trabajadores penitenciarios que fueron detenidos, han sido liberados.

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—¿El proceso continúa?

Sí, para un pequeño grupo. Lo deplorable -y lo puedo asegurar como institución- es que varios de ellos fueron detenidos, algunos sacados de su domicilio cuando no tenían nada que ver en actos ilícitos o en esta presunta organización criminal. ¿Quién va reparar ese daño?, ¿Quién les pide disculpas? No es mi función hacerlo, pero sí debió el Ministerio Público (...) No niego que pudo ocurrir alguna irregularidad, estamos en pos de evitarla.

—¿Cómo se está capacitando a los agentes para que no sucedan estos actos que ponen en riesgo a los penales?

Incentivamos al personal para que cada vez sean más eficientes. Motivamos a aquellos que hacen intervenciones premiándolos y mandándolos a cursos, también felicitándolos. Por ejemplo, si tenemos una invitación al extranjero, aquellos que lideran las intervenciones los vamos a mandar. Mi gestión no va enviar a personal de la sede central como siempre ha ocurrido. Enviaremos a quienes resaltan su labor en seguridad de penales.

—¿Se podría decir que con refuerzos positivos estarían incentivando al personal a ser más transparente?

Sí, los estamos capacitando y creemos que debemos generar en los nuevos servidores que ingresen a la escuela una mística mucho más potente. Lamentablemente en los últimos años han estudiado muy poco tiempo en el centro. Se supone que son seis meses, pero lamentablemente a veces no se cumple por las necesidades que hay en penales.

Lo que va suceder ahora, que vamos a abrir la escuela después de tres años, van a estudiar por lo menos un año. Serán certificados por el Ministerio de Educación, cosa que no ocurría hace muchos años.

—La extorsión es uno de los delitos que se pueden cometer desde los penales. Se denunció que en uno se usó los teléfonos públicos llamados ‘Azulitos’ para esta comisión del ilícito. Si bien el INPE comentó que era un caso aislado, ¿cómo se está controlando esta situación teniendo en cuenta que a veces se detectan celulares dentro de los centros? ¿Cuál es la situación?

Es lamentable que nos vulneren la seguridad de los penales e ingresen estos celulares. Constantemente hacemos requisas. Durante enero y febrero de este año, hemos tenido más de 300 requisas a nivel nacional a pedido de la presidenta de la República, Dina Boluarte, en marzo y abril las hemos incrementado. Más de 400 requisas en solo un mes a nivel nacional, creo que con resultados bastante efectivos.

—¿Cómo evitarán que los vulneren?

Vamos a tercerizar, a pedido del ministro de Justicia, el control de acceso a los penales. Eso significa que la empresa privada se va encargar de supervisar el ingreso en los establecimientos. La revisión personal y de paquetes ya no estará a cargo del INPE, sino de otra organización que asumirá la responsabilidad del chequeo y si nos vulneran, también deberá hacerse cargo.

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Para ello vamos a solicitar un presupuesto adicional porque nos ayudará que esos recursos humanos que están en la puerta -los INPE- vayan al interior del penal a realizar su labor. Estas medidas, que pronto las vamos a implementar en algunos centros penitenciarios, creemos que van a tener resultados positivos.

—¿Pero se comenten extorsiones desde los penales?

Lo que ocurrió con el uso de los ‘Azulitos’, debo mencionar que con la policía venimos trabajando de manera conjunta. No tenemos noticia de que desde los penales se produzcan la mayoría de extorsiones.

Voy a poner un ejemplo. Si en Lima se producen diez extorsiones, no más de una podría salir de un penal. Si la policía nos informa, actuamos de inmediato para geolocalizar el teléfono o la celda e intervenir de sorpresa y capturar o detener a quien está dentro. Se retira el celular para que se realicen las investigaciones y determinen si desde el penal se hizo o no la llamada extorsiva.

En estos momentos no tenemos ningún pedido de la policía al respecto. Si bien (el bloqueo de celulares) no es 100% eficiente, si antes salían diez llamadas de un penal, ahora no salen más de una o dos. Tenemos que evitar que esas se produzcan también y en eso estamos.

—¿Se va lograr la aprobación de tantos requerimientos de presupuestos? Mencionó un proyecto para los grilletes, infraestructura y ahora para tercerizar la seguridad de ingreso en los penales. ¿Qué es lo más prioritario para el INPE?

Sí, porque no estamos pidiendo S/ 50 millones. Para tercerizar son dos o tres millones. Si no nos dan ese monto o nos dan menos, ya no lo haremos en seis penales, sino en tres y necesitaremos la mitad. Lo que queremos demostrarle al Ministerio de Economía y Finanzas, es que es posible tener buenos resultados con algún cambio financiado. Seguramente nos da una parte y una vez que probemos los logros, estamos seguros que nos apoyará mucho más.

Este país sí tiene recursos para proyectos de inversión, lo malo es que a veces no se gasta de manera adecuada. Demostraremos que ese gasto es eficaz y evitaremos fugas, vulnerabilidades.

—Pero cuál es la prioridad del INPE en inversión, ¿con cuál buscan iniciar?

Construcción de penales, pero no va suceder en este momento porque no tenemos los expedientes técnicos. Vamos a solicitar dinero para realizarlos. Ya hemos dado el paso uno, que son los proyectos de inversión.

Para construir un penal hay que dar tres pasos: proyecto de inversión registrado, un expediente técnico y una vez aprobado, recién se puede ejecutar la obra. Lo que vamos a pedir en nuestra gestión es el dinero para el primero. Nuestra labor quizá no va durar mucho, quien venga termina el expediente y construye.

—¿Cuántos penales se tienen proyectados para construir?

Seis. Es una respuesta a una sentencia que en el año 2020 emitió el Tribunal Constitucional, declarando como estado de cosas inconstitucional el hacinamiento en penales y ordenó que si seis penales no se deshacían como corresponde tendrían que ser cerrados en cinco años, es decir en 2025. Establece responsabilidades en el INPE, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y el MEF para que nos den los recursos. Hasta ahora, poco o nada han hecho al respecto. Nosotros sí lo vamos a abordar y cumplir con la sentencia. Seguramente no tendremos los penales al 2025, pero vamos a demostrar al TC que estamos cumpliendo con los pasos que comenté -los expedientes técnicos- y esos seis penales serían una respuesta a los que se buscan cerrar si no hacemos algo respecto. Dos de ellos son, Castro Castro en San Juan de Lurigancho y Callao.