JOSÉ ROSALES VARGAS
Las invasiones de tierras continúan perjudicando las zonas arqueológicas de Ica. La peor parte de este delito lo sufre el complejo preínca de las pampas de Nasca, un territorio de 450 hectáreas que abarca la serie de geoglifos y líneas estudiadas por María Reiche, que desde 1999 comenzó a ser lotizado y vendido ilegalmente por traficantes de terrenos.
Pero este atentado pudo haberse evitado hace más de 15 años, cuando se asentaban los primeros pobladores aquí. Según el Ministerio de Cultura, este patrimonio no está inscrito en el Registro Nacional de Bienes Culturales, lo cual impide tomar medidas para protegerlo, como por ejemplo agilizar los procesos legales para desalojar a los invasores.
La Dirección Desconcentrada de Cultura de Ica asegura que solo se ha podido concluir con el catastro de los geoglifos y líneas, el primero de cuatro pasos para obtener la inscripción.
En el Registro de Bienes Culturales sí está inscrito, por ejemplo, el complejo Cahuachi (Ica), uno de los centros ceremoniales más grandes del mundo, con 24 km 2 de extensión. A pesar de la importancia histórica de las pampas de Nasca, las tierras siguen siendo eriazas y vulnerables a las invasiones. Según los arqueólogos que estudian este complejo, la falta de presupuesto y una inadecuada gestión regional impiden su registro.
Eduardo Herrán, principal promotor para que el complejo fuera declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad en 1995, afirmó que las autoridades hasta la fecha no han cumplido con siquiera delimitar y definir en coordenadas el conjunto de figuras de las pampas.
“La inercia y el deficiente trabajo realizado por el desactivado Instituto Nacional de Cultura contribuyen con la creciente destrucción de líneas y trapecios, con la invasión de zonas arqueológicas vinculadas a las pampas y la desaparición irremediable de nuestro patrimonio cultural”, dijo. Según Herrán, el área arqueológica donde se ubican el colibrí, el mono, la mano y el resto de geoglifos figuraría como zona eriaza.
CONSECUENCIAS
El Comercio informó, el sábado 26 de julio, que el proceso legal para desalojar a los invasores de esta zona arqueológica empeora con el paso del tiempo y la desidia de las autoridades, según el viceministro de Patrimonio Cultural, Luis Jaime Castillo.
“Si no los desalojamos en los primeros días después de la invasión, solo queda iniciar un proceso por usurpación, y esos procesos pueden demorar 10 o 12 años. La gente que invade sabe muy bien eso y está organizada para ocupar y vender los lotes. Pero vemos el aval y la ceguera de algunas autoridades. Entonces, la tarea se vuelve doblemente compleja”, lamentó.