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A inicios de octubre, manifestantes tomaron los lotes petroleros 192, 95, 8 y la Estación 5 del Oleoducto Norperuano en Loreto. ¿Sus demandas? Un nuevo pacto ambiental con el Estado que incluya la remediación de los pasivos ambientales causados por la actividad petrolera en la región desde hace 50 años. Representantes de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) se reunieron con los dirigentes en Iquitos y acordaron una segunda reunión para instalar la mesa de diálogo, pero con el cambio del Gabinete Ministerial, esta se frustró.
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En diálogo con El Comercio, Gonzalo Marsá, asesor técnico de la Plataforma de Pueblos Afectados por la Actividad Petrolera y coordinador del plan de cierre de brechas, subrayó que la situación es tensa en la zona y cuestionó la pasividad del Gobierno para resolver el conflicto. Según informó, los dirigentes se reunieron con el ministro de Energía y Minas, Eduardo Gonzáles, y el viceministro de Hidriocarburos, Enrique Bisetti. Sin embargo, no se han logrado acuerdos, salvo el compromiso de que una comisión de alto nivel viajará la siguiente semana a la Estación 5. “El Gobierno va a entrar sin haber cerrado ninguna clase de acuerdo. Así dudo que se levante el paro”, comentó.
A mediados de mes, los cocaleros de Carabaya, en Puno, bloquearon la carretera Interoceánica y el puente Inambari. Piden la suspensión de la erradicación de los cultivos de hoja de coca. La protesta se levantó porque se llegó a un acuerdo, pero fuentes de este Diario informaron que un sector está disconforme y que eventualmente esta se reanudaría.
De igual modo, a inicios de esta semana, los comuneros de Livitaca, en Chumbivilcas, Cusco, bloquearon la vía que conduce hacia la minera Hudbay después de que se rompiera la mesa de diálogo con la empresa. El conflicto sigue sin resolverse. Estas acciones se produjeron una semana después de que comuneros de Cotabambas, en la región Apurímac, bloquearon el corredor minero en protesta contra la empresa Las Bambas. Sin embargo, el miércoles, el Gobierno y dirigentes se pusieron de acuerdo y la protesta se levantó.
Este último viernes, otro conflicto conmocionó al país. En Ayacucho, una turba ingresó a las unidades mineras Apumayo y Breapampa, causaron destrozos, incendiaron y cometieron actos de pillaje. Esto, en el marco del segundo día de paro indefinido en las provincias de Lucanas, Parinacochas y Páucar del Sara Sara. En la noche, la protesta se levantó después de que los dirigentes de los manifestante fueron recibidos en el Ministerio de Energía y Minas y también porque les dijeron que la primera ministra Mirtha Vásquez viajará en los próximo días a la zona a diálogar.
Rolando Luque, adjunto para la Prevención de Conflictos y la Gobernabilidad de la Defensoría del Pueblo, explica que no hay que tener una visión negativa de los conflictos sociales, ya que expresar de manera pública situaciones adversas es una oportunidad para abrir espacios de diálogo.
Sin embargo, advierte que de surgir violencia se pueden generar situaciones de riesgo, debido a posibles intervenciones de la Policía Nacional que no siempre toman las acciones adecuadas. “La policía debe intervenir pensando en que las consecuencias de sus actos nos deben impactar en los derechos de las personas” dice Luque. En la actualidad, hay nueve conflictos en simultáneo que implican medidas de fuerza: 4 en Loreto, 2 en Cusco, 1 en Ancash, 1 en Ayacucho y 1 en Lima.
La gestión de Castillo
Tras llegar a un primer acuerdo con los pobladores que protestaban contra Las Bambas, Pedro Castillo aseguró que el Gobierno renovaba su compromiso de crear salidas pacíficas a los conflictos sociales.
La Unidad de Periodismo de Datos analizó los informes sobre conflictos sociales realizados por la Defensoría del Pueblo entre 2006 y 2021 y halló que de las seis últimas gestiones, las únicas que no han logrado resolver ningún conflicto social en sus dos primeros meses son la de Pedro Castillo y Martín Vizcarra. La gestión de Castillo es la tercera que más conflictos ha presentado y que más nuevos casos tiene en ese lapso. Sólo en septiembre aparecieron siete, la cifra más alta del 2021. Tres de ellos son demandas contra mineras.
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Además, su gestión es la primera con más acciones colectivas de protestas, que incluyen marchas, plantones, bloqueos de vías, entre otras acciones que no son en sí mismas el conflicto social, sino una expresión de este. El 35% de ellas se dieron en el sur del país. El rechazo de Castillo en esta zona, donde tuvo gran apoyo en las elecciones, aumentó 8 puntos porcentuales. Pasó de 21% a 32%, según las mediciones de El Comercio-Ipsos. De igual modo, el 38% de los conflictos sociales activos se han dado en estas regiones.
Según Luque, no hay una relación directa entre la conflictividad social y la situación del gobierno, ya que este se encuentra en un proceso de instalación. No obstante, subraya algunos factores que han llevado a que sigan existiendo conflictos como la indefinición de ciertas políticas que no permiten saber qué acciones se tomarán; la contratación de personas cuestionadas; la tensión entre el ejecutivo y el legislativo; un desembalse de diálogos que no se pudieron dar en la cuarentena; y expectativas económicas de realización inmediata que no se están satisfaciendo. “Hay promesas que se dieron que no se están cumpliendo”, asegura.
Acuerdos incumplidos
La Defensoría del Pueblo ha solicitado que se constituya una unidad de gestión del cumplimiento de acuerdos en esta entidad. Según cifras de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), el 50% de los acuerdos que se firmaron en actas, no se cumplen. “No hay una trazabilidad del acta y no se sabe bien quién se hará cargo de su cumplimiento”, asegura Luque.
Por ello, se requiere de una institución que sea un tercero imparcial que haga seguimiento y gestión de los acuerdos. “Si un acuerdo no se cumple, el conflicto regresará”, advierte.
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