¿Cuál es el escenario de los conflictos socioambientales en el país durante la cuarentena focalizada?

Los enfrentamientos reportados en los últimos días en la comunidad nativa de Bretaña (Loreto) y en Espinar (Cusco) marcaron la reanudación la conflictividad social relacionada a las actividades extractivas tras el inicio de la cuarentena focalizada. El primer caso, cuyo momento más álgido se vivió el sábado, ha dejado al menos dos indígenas fallecidos y 17 heridos; mientras que el segundo, que empezó a mediados de julio, reportó tres heridos y cuatro detenidos.

En ambos conflictos, las comunidades demandan servicios básicos y transferencias monetarias que garanticen la subsistencia de la población en el contexto de la pandemia. De esta manera, ambos escenarios serán los dos primeros desafíos que afrontará el gabinete encabezado por el Primer Ministro, Walter Martos, tras recibir el voto de confianza por parte del Congreso.

Ayer, durante su presentación en la sede del legislativo, el jefe del gabinete señalo que el Gobierno buscará anteponer el diálogo como mecanismo para la solución de controversias. “Vamos a agendar acciones con prioridad y con los actores en el territorio, en cada provincia y región, con sus verdaderos dirigentes, sus autoridades; y del despliegue de estas acciones les vamos a dar cuenta no solo a los dirigentes y autoridades sino a la comunidad y al propio Congreso de la República, para que esté al tanto de lo que realmente sucede”, dijo.

Estado actual

¿Cómo se configura el mapa de conflictos socioambientales que encontrará el nuevo gabinete? Según el último Reporte de Conflictos Sociales elaborado por la Defensoría del Pueblo, existen 128 controversias de este tipo a nivel nacional, que representan el 67,4% del total de conflictos sociales reportados hasta junio (190 casos). De los primeros, 98 se encuentran en fase activa, 82 están directamente vinculados con la minería y 17 con la actividad hidrocarburífera.

Asimismo, los casos socioambientales representan 21 de los 30 conflictos sociales que ameritan una atención prioritaria para el restablecimiento del diálogo, según el documento “Prevención y gestión de los conflictos sociales en el contexto de la pandemia por el COVID-19″, elaborado por dicha institución.

Los casos fueron seleccionados tomando en cuenta las declaraciones y los pronunciamientos emitidos por los actores sociales involucrados durante el estado de emergencia, por los antecedentes, por los riesgos que significaría no prevenir la violencia, por el avance de los acuerdos y por otros factores.

En este grupo están los conflictos ocurridos a lo largo del corredor minero del sur como Las Bambas (Apurímac), Tía María (Arequipa), Quellaveco (Moquegua), y el reciente caso de Espinar. También figuran aquellos ligados a la actividad petrolera como Mayuriaga, Cuatro Cuencas (Lote 192) y Cinco Cuencas, ubicados en Loreto.

Según zona geográfica, Áncash, Cajamarca, Cusco, y Pasco son las tres regiones que concentran una mayor cantidad de conflictos mineros. La primera reporta a la fecha 9 casos activos y 3 latentes; la segunda, 7 activos y cuatro latentes; la tercera, 8 activos y uno latente; la ultima reporta 7 activos y un latente. Las regiones de la sierra sur (Arequipa, Apuríma, Moquegua, Cusco y Tacna) presentan en conjunto 17 casos.

Entrevista.

“Hay que constituir una institucionalidad permanente para atender las necesidades de las comunidades indígenas e implementar el cierre de brechas”

Rolando Luque Mogrovejo, adjunto para la Prevención de Conflictos Sociales de la Defensoría del Pueblo.

¿Las autoridades estaban en condiciones de anticipar el conflicto que ocurrió el sábado en comunidad de Bretaña, en Loreto?

La protesta de los indígenas no estaba orientada a demandarle algo a la empresa, sino al Estado. La tenemos registrada en el sistema de monitoreo de conflictos de la Defensoría desde abril del 2019. En general, hay una insatisfacción de los pueblos indígenas respeto del papel del Estado para atender sus necesidades fundamentales. La plataforma inicial era de abril del 2019 y estaba orientada a la construcción de un mini hospital, a que hubiera energía eléctrica, a la mejora de la infraestructura en educación, entre otras. Esa era la protesta, inicialmente se desplazan hasta la estación 5 de Petro-Perú y luego van hacia las instalaciones de la empresa Petrotal.

¿Cuál fue el saldo final de los enfrentamientos?

Hay muchos detalles que serán conocidos a partir de la información que la fiscalía pueda emitir. Nosotros solicitamos formalmente desde la Defensoría de Loreto un pedido de información al Ministerio Público para que nos entreguen esa acta y poder conocer los detalles. A la empresa, [los moradores] le solicitaban principalmente un incremento en el número de personas contratadas, porque viene funcionando [en fase de extracción] desde enero del 2018. Al parecer, nada indicaba que hubiera un asunto pendiente, alguna tensión especial o demanda no atendida que sea principal.

¿Cuáles fueron los antecedentes del conflicto mapeados por la Defensoría?

Las formas que tienen las comunidades de protestar son mediante bloqueos de ríos para que no puedan pasar embarcaciones, ni de pasajeros ni las que transportan alimentos o bienes en general, e incluso las que transportan petróleo. Es una manera que tienen de llamar la atención del Estado y luego está la toma de instalaciones. Ambas son formas irregulares de protestar porque se transgreden normas establecidas. En este caso parece que la intención era tomar las instalaciones de Petrotal para que desde ahí atendieran su reclamo y empiece a tratar esta agenda planteada desde abril del 2019 y a la que se sumaban los problemas que tenían respecto a la pandemia. Según datos del Minsa, estamos hablando de 13 mil indígenas infectados.

La respuesta el Ejecutivo ha sido recoger el pliego de reclamos de la población; sin embargo, esto ya ha ocurrido antes y los conflictos recrudecen debido a que no se implementan los compromisos ¿Hay alguna forma de monitorear el cumplimiento del Estado?

Lo importante hubiera sido ir cumpliendo con el plan de cierre de brechas y que la acción del Estado para proteger a los pueblos indígenas respecto a la pandemia hubiera sido más rápida y más afectiva. Creo que ha hecho bien el ministro de Cultura en ir a la zona a tomar contacto con las autoridades. Pero aún está pendiente que pueda tener una reunión con los dirigentes que han estado a la cabeza de estos reclamos desde meses atrás. Estos problemas no se atienden con visitas esporádicas ni reuniones programadas cada mes. Se necesita una articulación institucional en la zona para responder de manera continua a las demandas de la población,

¿Cuál debe ser la hoja de ruta a seguir por parte de las autoridades para abordar el conflicto en Bretaña?

El paso siguiente tiene que ser la aprobación de ese cierre de brechas y para eso se requiere volver a reunirse con los dirigentes indígenas. Porque el plan se presentó en febrero pasado en Loreto, pero no dejó satisfechos a los dirigentes que plantearon observaciones y que esperaban que pudieran ser levantadas en una siguiente reunión. En eso sobrevino la pandemia y se cortó la comunicación y este tema pasó a segundo plano. Sin embargo, para los indígenas sigue siendo un tema fundamental. Entonces hay que constituir una institucionalidad permanente para atender las necesidades de la población de las comunidades indígenas y para la implementación de un plan de cierre de brechas que esté consensuado con los dirigentes de las comunidades.

¿Qué es lo más urgente a implementar?

Primero consensuar el plan, yo diría que previamente den a conocerlo públicamente. En segundo lugar, debe concertarse una reunión en el corto plazo con los dirigentes de los pueblos indígenas para consensuar ese plan y en tercer lugar constituir un espacio permanente de atención de las necesidades y de la implementación del plan. Se anunció S/573 millones de inversión para el primer semestre, pero éste ya se venció. El plan no llegó a aprobarse de manera consensuada con las comunidades y ellos estaban esperando una segunda reunión.

¿Qué estrategia debe asumir el Estado frente a los conflictos socioambientales en un ambiente de reactivación?

En el ámbito minero tenemos 81 conflictos cuya gestión ha quedado suspendida desde marzo a raíz del Estado de emergencia y en total son 91 procesos de diálogo a los que hay que darles continuidad. Eso requiere primero que desde el gobierno nacional se retome el contacto con los actores sociales para ratificarles la voluntad del gobierno de continuar con esas mesas de diálogo porque hay agendas pendientes ahí. Lo segundo, es hacer un mapeo de la viabilidad tecnológica del diálogo, porque si bien en Espinar ha habido una reunión presencial, con todos los riesgos que esto supone, es muy difícil que se puedan abrir 90 espacios de diálogo de la misma manera. Debemos pasar a las telereuniones y espacios a través de internet y eso requiere una logística para poder habilitar esos espacios. Por ejemplo, en el caso del corredor minero hay varios de esos conflictos que necesitan ser tratados lo más pronto posible especialmente el caso Las Bambas.

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