Unos 40 hospitales contrataron a empresas con cuestionamientos por bienes y servicios durante la pandemia

La Unidad de Periodismo de Datos de El Comercio analizó las compras registradas en Conosce –el portal de compras estatales– y detectó que, de los 69 hospitales que realizaron contrataciones referidas a COVID-19, unas 40 contrataron a empresas que presentaban algún tipo de cuestionamiento por un monto total que supera los 80 millones de soles.

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En total, se contrataron a 32 empresas con investigaciones en Fiscalía, con informes en la Contraloría General de la República, con sanciones en el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi), o con sanciones y penalidades en el Tribunal de Contrataciones del Estado (TCE). Algunas de estas compañías incluso han sido inhabilitadas este año.

En todos los casos, el tipo de contratación fue directa. Es decir, no se realizó concurso público para seleccionar a la empresa en cuestión. Los hospitales que más contratos realizaron con estas compañías fueron el Hospital Nacional Hipolito Unanue, el Hospital Nacional Dos De Mayo, el Hospital De Emergencias Villa El Salvador, el Hospital Cayetano Heredia y el Hospital Nacional Arzobispo Loayza.

Estas empresas ofrecieron oxígeno medicinal, balones, instalación de plantas y tuberías; ventiladores mecánicos; mascarillas; monitor de funciones vitales; equipos de protección personal, máquina de rayos X; reactivos; pruebas rápidas; congeladoras; servicios de limpieza y de vigilancia, entre otros.

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Los hospitales culpan a los contratantes

Joel Mayeguibo, Jefe de la Oficina de Administración del Hospital Dos de Mayo, recalca que el principal perjudicado de que se puedan presentar problemas con los proveedores es el paciente. “Si no tenemos los insumos ni materiales adecuados en el momento preciso, los pacientes correrán riesgo”, dice Mayequibo, quien asegura que en algunos casos han tenido que cancelar los contratos realizados, debido a problemas con las empresas seleccionadas.

Estos cortes de contrato significan además tiempo y en algunos casos dinero perdido para los hospitales, debido a que se deben sancionar a las empresas que fallaron y volver a lanzar convocatorias. Por eso, se debería elegir a empresas idóneas.

Sin embargo, Mayeguibo, quien asegura que no está muy al tanto de los cuestionamientos de algunas empresas que el hospital ha contratado, explica que mientras el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) no haya inhabilitado a las empresas, estas son libres de participar de las convocatorias y procesos de selección de cualquier entidad. “Nosotros, como entidad, tendríamos un problema legal si no las dejamos participar porque estaríamos infringiendo la ley de libre mercado, sin importar que sepamos que tienen algún tipo de cuestionamiento”, declara.

Del mismo modo, desde el Hospital de Emergencias Pediátricas explicaron, a través de un formulario, que para seleccionar a un proveedor realizan una indagación de mercado a empresas en el rubro que cuenten con la experiencia en la especialidad del objeto a contratar. No obstante, lo primero que se verifica es que el proveedor se encuentre habilitado por la OSCE.

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Las empresas se amparan en problemas logísticos

El Hospital de Emergencias Pediátricas contrató a la empresa American Hosp Scief Equip (Ahseco Peru S.A) que presenta una sanción del 2017, en el Tribunal de Contrataciones del Estado, por entregar documentos falsos; dos penalidades del 2018 y 2019 por demoras en la entrega de la orden de compra, y además se encuentra mencionada en un informe de la Contraloría del 2020 en el que se precisa que 6 de 11 equipos biomédicos adquiridos por la Dirección Regional de Salud de Apurímac no cumplen con las especificaciones técnicas requeridas.

El hospital refiere que en el momento de la contratación, “frente a la emergencia sanitaria, era la única que podía atender de manera inmediata la entrega de una cabina de seguridad biológica para el servicio de patología clínica”. Según explicaron, solo esta compañía cumplía con las especificaciones técnicas y condiciones mínimas indicadas. Además, aseguraron que no se presentaron dificultades con el proveedor.

Desde la empresa dijeron que, sin saberlo, en el 2013 enviaron un título técnico, de uno de sus entonces trabajadores, que era falso. En cuanto a las dos penalidades del TCE, Gabriela Ramírez, asistente de gerencia, explicó que se debieron a demoras ocasionadas por “problemas logísticos que se presentaron en las importaciones y procedimientos de entrega”.

Según la empresa, hasta el cierre de este informe, no había sido notificada ni tenía conocimiento del Informe de la Contraloría. No obstante, aseguran que estos supuestos incumplimientos de requerimientos del área usuaria señalados por el máximo órgano de control no existen y que se cumplió con presentar la información y documentos supuestamente omitidos.

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Por su parte, desde la empresa Tecnología Industrial y Nacional (Tecnasa), la cual se encuentra investigada por la Fiscalía por el caso denominado ‘Club de las Farmacéuticas’, en donde la teoría fiscal asegura que proveedores pagaron sobornos a altos funcionarios para que les adjudiquen los contratos de su elección, declararon que “no ha existido ningún favorecimiento a la empresa ni actuación irregular”, por lo que las dos personas investigadas de la compañía continúan en sus puestos y cuentan con el respaldo de la empresa.

Tecnasa también aparece en un informe Contraloría que advierte de un equipo que sufrió desperfecto un mes después de ser entregado. Al respecto, señalaron que la falla presentada en el equipo de tomografía al mes de su instalación no se debió a un error del bien, sino a su manipulación incorrecta.

Desde la empresa X Ray Sales And Service, que se encuentra inhabilitada para contratar con el Estado hasta el 2022, mencionaron que el contrato fue con el Hospital Regional Guillermo Díaz de la Vega de la Ciudad de Abancay, en un proceso del 2017. Según refieren se cumplió de forma oportuna con la entrega del equipo, pero el comité de recepción hizo diversas observaciones que, si bien fueron levantadas inmediatamente, retrasaron la entrega oportuna. “Actualmente hemos presentado nuestra demanda en el Primer Juzgado permanente contencioso administrativo de Lima y estamos seguros que con la argumentación esto debe resolverse a nuestro favor”, aseguró Regina Palomino del departamento de ventas de la empresa, quien recalcó que no han recibido pago alguno por parte de la entidad contratante.

El gerente general de DeltaLab, Mario Ossio, enfatizo, mediante un correo electrónico que su empresa “no ha sido cuestionada, ni tampoco tiene alguna notificación o investigación por parte de la Contraloría o de alguna entidad del Estado Peruano, ni en Indecopi, ni sanciones, ni penalidades e inhabilitaciones en el tribunal de contrataciones”. No obstante, no respondió sobre la referencia al informe de la Contraloría donde se indica que la Dirección Regional de Salud (Diresa) de Piura adquirió 20 mil pruebas rápidas por 900 mil soles, que solo tenían una vigencia de cuatro meses, pese a que la norma técnica oficial del Ministerio de Salud (Minsa) indicaba que lo mínimo que debía tener eran 12 meses. La Contraloría advirtió que “el proveedor ganador (DeltaLab) no detalló en sus documentos el plazo final de vencimiento, a pesar de que las bases exigían un mínimo de 12 meses de vigencia”.

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Finalmente, desde Linde Perú indicaron que no tienen ninguna restricción o sanción para contratar con el Estado. En el 2018, tuvieron una penalidad por la adquisición de oxígeno para el Hospital General de Jaén. A través de un correo explicaron que, conforme a la Orden de Compra, el compromiso fue entregar 830 m3 / mes de oxígeno por un periodo de seis meses. No obstante, en determinado momento el hospital no alcanzaba ese consumo mensual de oxígeno, por lo que no requirió a la empresa mayores entregas. El hospital generó una penalidad de 1.530,25 soles, correspondiente a la diferencia de los m3 no entregados.

En el 2020, la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema declaró infundados los recursos de casación presentados por Linde Gas Perú S.A. (ahora parte de Linde Perú) y otras dos empresas que pretendían la nulidad de la Resolución N°1167-2013/SDC-INDECOPI. A través de este documento se les sancionó por haber incurrido en la ilegal repartición del mercado de oxígeno medicinal en las convocatorias del Seguro Social de Salud (EsSalud) entre enero de 1999 y junio de 2004.

Según resalta en su respuesta, Linde Perú considera que no ha existido tal repartición. “La empresa buscó la nulidad de la sanción ante Indecopi y luego ante el Poder Judicial, porque consideramos que no se realizó un correcto análisis del caso”, respondieron.

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