Tensión en Las Bambas: se registra enfrentamiento durante desalojo de comuneros por parte de la Policía Nacional

Un contingente de 676 policías desalojó ayer a un grupo de comuneros de Fuerabamba, distrito de Challhuahuacho, de las instalaciones de la minera MMG Las Bambas (Apurímac), lo que originó un grave enfrentamiento.

Los agentes usaron gas lacrimógeno para dispersar a los comuneros, quienes respondieron con piedras. Al cierre de esta edición, se reportaban cinco heridos: tres comuneros, un guardia de seguridad de la empresa y un policía.

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Fuentes de la empresa informaron que las acciones de desalojo forman parte del derecho de defensa posesoria. Asimismo, indicaron que los invasores estaban en dos sectores de la mina: cerca de la zona de operaciones y en Chalcobamba. En el primero, se logró efectuar antes el desalojo, mientras que en el segundo, donde se asentaron miembros de la comunidad de Huancuire, la tensión se extendió hasta la tarde pero finalmente la policía los dispersó.

Los heridos fueron atendidos en el centro de salud de Fuerabamba y en el campamento minero.

El general PNP Roger Pérez, al mando del operativo, informó que 11 personas fueron detenidas y que se reportaron daños materiales a la propiedad privada.

Comuneros quemaron tres camionetas de la empresa y rompieron las ventanas de otras. También destruyeron instalaciones como carpas y garitas de Las Bambas.

El 14 de abril, alrededor de 130 miembros de la comunidad de Fuerabamba ingresaron a las instalaciones de la minera para protestar por un supuesto incumplimiento de compromisos. Su objetivo era retomar sus tierras que hace años fueron vendidas a la empresa minera. Seis días después, la mina suspendió totalmente la producción de concentrado de cobre.

Los comuneros han expresado su intención de “recuperar” estas tierras que fueron vendidas a la empresa hace varios años. El dirigente de Fuerabamba Edison Vargas señaló que su intención es permanecer en estos terrenos pese a que el Gobierno declaró en emergencia por treinta días a los distritos de Challhuahuacho y Coyllurqui, debido a estos conflictos.

Por cada día de paralización en Las Bambas, se pierden US$9,5 millones.

—Manejo de conflictos—

No es la primera vez que ocurre algo así en la zona del corredor minero del sur. Esta vía ha sido escenario de múltiples conflictos entre las comunidades, el Gobierno y las empresas en los últimos 15 años. Sin embargo, la tensión aumentó en el 2016, cuando el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) aprobó un decreto para convertir esta red en una vía nacional e inició el saneamiento de los terrenos comunales sobre el corredor minero. A la fecha, varias comunidades reclaman el pago por las tierras o, caso contrario, que se las devuelvan.

Lo cierto es que el Gobierno no ha podido resolver hasta el momento los conflictos en la vía que recorre las principales operaciones mineras en el sur del país.

El analista político Jeffrey Radzinsky, director del Grupo Fides Perú, criticó la poca capacidad de gestión de este y los últimos gobiernos para solucionar conflictos.

“Hay un problema nacional con una pésima gestión de los conflictos por el Estado. A ello se suma el poco liderazgo que tienen las autoridades locales para llegar a acuerdos”, agregó.

En tanto, el analista político Iván Arenas sostuvo que existe una total dejadez del Estado en busca de soluciones a los conflictos en esta zona del país.