Cientos de trabajadores de la minera MMG Las Bambas marcharon ayer por las calles del Centro de Lima para exigir al Gobierno acciones concretas que permitan la reanudación de operaciones de la mina de cobre, suspendidas desde el 14 de abril por los conflictos con comunidades de la región Apurímac.
Erick Ramos Luna, presidente del Sindicato Único de trabajadores de la empresa china, informó que son aproximadamente 9 mil trabajadores, entre directos e indirectos, que temen perder sus empleos a raíz del conflicto que inició el 14 de abril con el ingreso de miembros de la comunidad de Fuerabamba a terrenos de la empresa. Según dijo a este Diario, el 20 de abril la exportación de cobre se suspendió totalmente por motivos de seguridad y desde entonces solo permanece un grupo en las instalaciones para garantizar el mantenimiento y cuidado de los equipos.
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“Hemos venido a marchar a Lima para defender nuestros puestos laborales, estamos en riesgo de perderlos y vemos la inoperancia del Estado para solucionar el conflicto en el corredor minero. Somos respetuosos de los reclamos que hace la comunidad, pero entendemos que en un estado de derecho todos tenemos derechos. Quien tiene que actuar es el gobierno y no lo hace, no da solución a nadie”, dijo.
Debido a los más de 20 días de paralización, Ramos indicó que la empresa ha tomado “medidas paliativas” con los trabajadores como la toma de vacaciones pendientes, vacaciones adelantadas o licencias por compensar. “Nos preocupa qué viene después si no se reactivan las operaciones”, añadió.
La comunidad de Fuerabamba denuncia que la empresa no ha cumplido una serie de compromisos relacionados con infraestructura, temas sociales y económicos. A las protestas se han sumado las comunidades de Huancuire, Chila y Choaquere. Solo con Fuerabamba, la minera tiene 264 compromisos, de los cuales aseguran que quedan pendientes 55, 143 ya se completaron y 66 se ejecutan todos los años.
Al respecto, Erick Ramos Luna señala que es competencia del gobierno fiscalizar que se cumplan los acuerdos a fin de que la relación con las comunidades mejore en favor de todos los actores involucrados en la actividad minera. La marcha de ayer tuvo se dirigió hacia el Congreso de la República para que instar a las bancadas a ayudar con una solución para el conflicto. “Este escenario no es nuevo, desde el inicio de operaciones los problemas han sido constantes y los gobiernos de turno no han tenido la voluntad de solucionar. Ni el Poder Ejecutivo ni Legislativo no emiten una posición clara ni respuestas técnicas para dar solución. Se entrampan en problemas entre poderes y a nadie le interesa esta clase invisible trabajadora”, enfatizó.
Atentado
Hasta el momento, las comunidades de Fuerabamba y Huancuire no confirman su participación en la mesa de diálogo con la empresa, convocada por la PCM. En una carta dirigida al primer ministro, Aníbal Torres, piden la derogatoria del estado de emergencia en los distritos de Challhuahuacho y Coyllurqui, como condición para participar.
Aunque no desde la semana no hay enfrentamientos en la zona, ayer se reportó un atentado con explosivos. La radioemisora Surphuy de Cotabambas denunció que un grupo de comuneros lanzó artefactos explosivos a su antena y causaron un incendio en parte de sus instalaciones.