Ante un sismo, huaicos o Fenómeno de El Niño, ¿cuán protegida está la infraestructura pública en el Perú?

En el 2023, el Perú tuvo alrededor de 700 sismos, según el reporte del Centro Sismológico Nacional (CENSIS), siendo la región de Arequipa la que cuenta con mayor actividad sísmica, donde se registraron 226 movimientos telúricos ese año. También hay un silencio sísmico en Lima que genera preocupación. Una alerta similar causa cada año la llegada y la magnitud del Fenómeno de El Niño que mantiene en vilo a los peruanos sobre cuán fuerte o no será.

Ante ello, y siendo un país propenso a tener este tipo de eventos catastróficos, la realidad del aseguramiento en la infraestructura pública es preocupante y limitada: apenas un 15% de la infraestructura pública está asegurada, una cifra que no creció pese a la amarga lección que dejó el Fenómeno del Niño del 2017, comenta Eduardo Morón, presidente de la Asociación Peruana de Empresas de Seguros (Apeseg).

Para esto, cuando hablamos de infraestructura pública nos referimos a carreteras, aeropuertos, colegios, hospitales, entre otras construcciones de mayor y menor envergadura.

Morón indica que, lamentablemente, la única infraestructura pública que está debidamente protegida es aquella que está concesionada, y si bien la ley 29664 de gestión de riesgos de desastres naturales, obliga a mantener un seguro, esta disposición no se cumple en su totalidad, ya que este se encuentra sujeto a la prioridad y disponibilidad presupuestaria de las entidades. En consecuencia, el aseguramiento de los activos públicos es casi nulo.

“La ley dice que es obligatorio pero “sujeto a disponibilidad”, o sea siempre y cuando tengas el dinero para hacerlo. Pero el presupuesto público en el Perú se argumenta en que ‘nunca hay plata’, por lo que nunca hay precaución, y la autoridad encargada prefiere [de ocurrir un desastre] tocar la puerta del Ministerio de Economía y Finanzas para pedir recursos”, explica.

Los números de las pérdidas del último Fenómeno de El Niño (2024), pese a que no fue muy severo, fueron grandes, pero es una realidad que no se compara con lo ocurrido en el 2017. Morón explica que APESEG estima que los daños de hace 7 años bordearon los US$8.000 millones y que, de haber contado con un aseguramiento adecuado de las diferentes infraestructuras afectadas, esta cifra podría reducirse a US$500 millones, aproximadamente.

Para Morón, la lógica para el aseguramiento de infraestructuras debería de ser bajo el argumento de que si sirve para conectar pueblos, para acercar los pueblos a los mercados, para llevar servicios de manera más eficiente a esos pueblos, se debe asegurar. “Toda infraestructura pensada y desplegada en el territorio para darle bienestar a la población, debe asegurarse porque si por alguna razón - de catástrofe natural - se interrumpe el uso o se rompe esa infraestructura se interrumpe el correcto uso y todos estos beneficios, todo este bienestar”, explica.

Otra realidad que llama la atención es que los activos más asegurados, en su mayoría, son los de gran envergadura, es decir, los puertos, aeropuertos, carreteras, pero dejando de lado los colegios y hospitales. Es más, desde Apeseg aseguraron que lamentablemente dentro de ese 15% de la infraestructura pública asegurada, no está incluido ningún colegio ni hospital del país.

Una crítica similar remarca Jean Paul Hart, vicepresidente de Marsh Specialty, calificando de injusto el criterio que se utiliza para asegurar activos del Estado. “Si bien un puerto puede valer varios cientos de millones de dólares, un colegio puede ser mucho menor, pero el impacto que tiene socialmente [su afectación ] es muy alto”, expresa.

Sumergiéndonos en las regiones del Perú, el panorama no es más alentador, dado que según refiere el vocero de Marsh, solo Lima tiene quizá el porcentaje de infraestructuras aseguradas más alta, mientras que en algunas ciudades de provincia se cree que “no vale la pena asegurar” debido al mismo valor del activo, que puede llegar a costar más que un seguro.

“En algunos casos, la infraestructura es vista como tan menor que consideran que ‘no requiere o no es necesario’ el aseguramiento, porque asegurarlos puede resultar más costoso que el beneficio de, eventualmente, el cobro de un siniestro”, añade Hart.

Ante esto, Morón afirma que al no asegurar y, por ende, proteger la infraestructura pública de eventos catastróficos, le estamos complicando la vida a las personas, ya que si no está funcionando correctamente -sea el aeropuerto, las carreteras principales o cualquier otro activo- solo afectamos su calidad de vida.

El desalentador 15% y los criterios para asegurar alguna infraestructura pública y no otra, nos hacen cuestionar qué se necesita para mejorar. Morón de Apeseg señala que esta cifra no ha mejorado debido a que no hay un agresivo programa de concesiones que estén aseguradas.

Además de ello, precisa que se requiere realizar diferentes ajustes dentro de la ley, como incluir un capítulo en el que se indique cómo se debe operar en situaciones de gran desastre dentro de las diferentes regiones. Además, se debe priorizar la lista de activos críticos. “Hay que pensar lo que nos ha costado un montón, por ejemplo, reconstruir colegios, hospitales, hay que proteger el esfuerzo financiero, pensando siempre en grande”, agrega.

Por su parte, Hart de Marsh, menciona que la necesidad de mejora también debe venir ante los diferentes problemas que el calentamiento global está trayendo, cuyos efectos pueden ser devastadores. “Cada vez es más importante tener asegurados estos activos críticos”, precisa.

Ambos entrevistados coinciden en que, tanto por parte del Estado y entidades reguladoras, debería existir una mayor fiscalización, evaluación de costos y revisión de las coberturas, acorde a la necesidades de los ministerios y unidades de gobierno para que este sea racional, tomando ejemplos internacionales.