Áncash: Ministerio Público reportó ochos casos de trata de personas en El Santa durante el 2019

La coordinadora distrital de la Comisión de Protocolo para la Atención de Víctimas de Trata de Personas de la Fiscalía del Santa, Lucía Vidal Castillo, informó que la mayoría de las afectadas son mujeres jóvenes.

“Lamentablemente la mayoría de víctimas son mujeres peruanas bastante jóvenes, pero debido a la migración hemos encontrado a tres venezolanas quienes han sido víctimas de explotación sexual y favorecimiento a la prostitución, delitos conexos a la trata de personas”, comentó a El Comercio, la fiscal Vidal.

Señaló que el año pasado han procesado a dos personas involucrados en el delito de trata, que tienen prisión preventiva, y realizado más de 15 interdicciones en bares, discotecas, centros de prostitución y de esparcimiento en la jurisdicción fiscal de la provincia del Santa para perseguir este delito.

No obstante, para este año, los miembros de la Mesa Multisectorial de Lucha contra la Trata de Personas de la provincia de El Santa (Áncash) se han propuesto erradicar la mendicidad infantil.

“Obligar a un niño a pedir dinero en la calle es un delito y es parte de una modalidad de trata de personas. Nuestra meta es erradicar la mendicidad infantil, queremos que todo menor esté estudiando y en su casa protegido por sus padres y disfrutando de su descanso para jugar”, declaró la magistrada Vidal Castillo.

Por ello, la autoridad fiscal Vidal recomendó a la población evitar dar dinero a los niños con la finalidad de eliminar la explotación de menores.

“Existen personas se aprovechan del buen corazón de los ciudadanos para pedir plata en nombre de las criaturas. Por eso cada vez que damos un sol a un niño lo único que estamos haciendo es condenarlo a que sea explotado por años y a que dejen de estudiar”, enfatizó.

Comentó que el año pasado se han desarrollado más 10 operativos, en los cuales han encontrado a cuatro o cinco menores pidiendo limosnas o vendiendo golosinas en las calles y muchas veces sin el cuidado de los padres.

Recordó que el Código Penal establece una pena privativa de libertad no menor de quince ni mayor de veinte años a las personas que obliguen a trabajar a un niño.