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Durante el año 2017, la Policía Nacional rescató a 1.229 personas víctimas del delito de trata, de las cuales 59 eran ciudadanos extranjeros, indicó Miguel Huerta, director general de Seguridad Democrática del Mininter, quien preside la Comisión Multisectorial contra la Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes a nivel nacional.
En total fueron 865 operativos los ejecutados por la Dirección contra la Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes (Dirintrap) y los Departamentos Desconcentrados de Investigación de Trata de Personas. Estas acciones se realizaron en las regiones Loreto, Lima, Arequipa, Cajamarca, Cusco, Madre de Dios, Puno, Huánuco e Ica.
Los 59 extranjeros provenían de los países de Ecuador, Colombia, Venezuela, Brasil, Bolivia y Argentina, según Huerta, para fines de explotación sexual y laboral.
Además, estos operativos permitieron la captura de 410 personas, 251 hombres y 159 mujeres, involucradas en el delito de trata. De esta cifra, 11 eran extranjeros (7 venezolanos, 2 colombianos, 1 cubano y 1 francés).
Por otro lado, Miguel Huerta resaltó los acuerdos bilaterales que mantiene el Perú con los países de Bolivia, Ecuador y Colombia, que facilitan acciones de prevención, de investigación y persecución del delito, así como atención a las víctimas y una búsqueda de su reintegración.
“Todo acuerdo bilateral tiene hojas de ruta y acciones concretas a realizar por ambos países. Este año suscribiremos un acuerdo con Chile y Argentina”, precisó.
Asimismo, mencionó que el 14 de diciembre la Superintendencia Nacional de Migraciones otorgó calidad migratoria especial de residente, así como Carné de Extranjería, a un ciudadano filipino de 24 años, que fue víctima del delito de trata para fines de explotación laboral.
Él fue traído desde Filipinas por su empleador, quien le ofreció un trabajo rentable y un departamento. Sin embargo, al llegar al Perú el presunto tratante le pidió el pasaporte y después de más de 8 meses, cuando solicitó el documento, fue amenazado. Le exigió, además, el pago de 5.000 dólares.
El ciudadano filipino presentó una denuncia contra sus empleadores ante la Fiscalía Provincial Especializada de Delitos de Trata de Personas de Lima, la cual los viene investigando por este caso.
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