Todo empezó cuando el pasado martes 18 de octubre, Julio Valer de 58 años se encontraba manejando su auto en la Vía Expresa. En el momento en que cruzó hacia la av. Javier Prado, su auto sufrió un desperfecto. Llamó a la aseguradora Rímac y enviaron una grúa Esmy para movilizar el vehículo. Cuando llegó, el operador en cuestión le pidió a Julio que se montara a la plataforma de la grúa. Accedió, pero el cayó unos 3 metros al suelo. Posteriormente, un conductor lo atropelló de manera inesperada, sufriendo un doble accidente en cuestión de segundos.
Graves consecuencias
Desde hace dos semanas, Julio se encuentra en una unidad de cuidados intensivos. Según el informe médico brindado por la clínica Javier Prado, presenta cinco costillas con múltiples fracturas, una contusión pulmonar, un coágulo en el riñón y un traumatismo intracraneal producto de la caída y el atropello.
Su hija, Tatiana Valer, reclama que hubo tres negligencias: la grúa no contaba con un segundo operario; nunca colocaron los conos de seguridad; y no tuvieron por qué pedirle a su padre que se subiera a la plataforma de la grúa prendida. “Actualmente, el conductor que atropelló a mi padre está cubriendo todos los gastos, pero acá hay tres implicados: el operador de la grúa, Rímac y el conductor que estuvo en el momento equivocado”, añade.
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Hasta el momento, las atenciones médicas de Julio han llegado a los 24 mil 352 soles, monto que estaba siendo cubierto por el SOAT del conductor que ocasionó el atropello. No obstante, Tatiana exige que el operador de la grúa también se haga cargo debido a que sostiene que él desencadenó todo el accidente. “Lamentablemente, en grúas Esmy me dicen que ellos solo son terciarios contratados por Rímac”, agrega.
El 26 de octubre, venció la cobertura del vehículo que atropelló a Julio. Seguros Rímac activó una carta de garantía a la Clínica Javier Prado. “Lo que continúa pendiente es determinar las sanciones e indemnizaciones de los tres implicados”, dice.
Responsables y sanciones
Martín Ojeda, director del Consejo Nacional de Transporte Terrestre, afirma que las compañías de seguros son responsables de dar un servicio óptimo y tomar las medidas de precaución necesarias.
El especialista observa primero un tema administrativo. “Esto tiene que verlo INDECOPI, es importante demostrar que la compañía no ha tenido un servicio idóneo (...) tiene que ser multada severamente”, sostiene.
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Además, también reconoce una responsabilidad penal. Ojeda sostiene que “generalmente, cuando ocurre un delito por negligencia, las sanciones suelen ser menores; pero en este caso, se habrían abaratado costos poniendo en riesgo la seguridad, eso es dolo”, es decir, se operó así con conocimiento y plena voluntad.
Por su parte, Franklin Barreto, exjefe de investigación de accidentes de tránsito de la policía, sostiene que en esta situación interviene tanto quien conducía el vehículo como quien es atropellado. Además, afirma que si la persona tiene lesiones severas que representan una cantidad superior a los 5 días de asistencia médica, se contempla como delito de lesiones graves.
Según lo determinado por el artículo 121 del código penal, este delito implica que el causante reciba una pena privativa de libertad no menor de cuatro ni mayor de ocho años.
Barreto añade que en el delito participó el conductor del vehículo, pero también el operador de la grúa como miembro implicado. “Aparentemente no han hecho una buena operación en la vía pública, estas actividades las deben realizar personas capacitadas (…) debe estar prohibido solicitar ayuda a la persona que estás atendiendo”, sostiene.
Descargos
Los representantes de Rímac Seguros afirmaron que van a asumir los gastos médicos. “Desde el accidente, hemos mantenido constante comunicación con los familiares de nuestro asegurado y nos hemos comprometido con todos los gastos”, se mencionó en un comunicado oficial compartido a este Diario.
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Asimismo, afirmaron que su prioridad es la salud del señor Julio Valer y, por ello, están en coordinación con su centro médico. Tatiana ha recibido la confirmación de esta garantía por parte de la Clínica Javier Prado.
Respecto al servicio que brinda su proveedor de grúas Esmy, sostienen que han iniciado con las investigaciones respectivas y han suspendido sus servicios. Al contactarse con Delfina Tineo, dueña de la grúa Esmy, no se obtuvo una respuesta hasta este momento.
La lucha de Tatiana
Tatiana demanda que el compromiso de Grúas Esmy sigue siendo inexacto. “Dicen que no tienen nada que ver y solamente le estaban brindando un servicio a la aseguradora”, añade. Sin embargo, advierte que no han seguido con los protocolos de seguridad. Debido a esto, les exige una reparación civil por daños y perjuicios.
Espera que este sea un caso que evidencie la gran cantidad de negligencias que cometen las aseguradoras y grúas, las cuales no cumplirían con los requisitos técnicos ni de atención al cliente.