La circunstancia de que el Congreso esté considerando interpelar a seis integrantes del actual Gabinete ha levantado gran polvareda en el Ejecutivo. “Nos parece un exceso”, ha clamado el jefe de Estado, mientras que el presidente del Consejo de Ministros, incluido en la lista de los posibles interpelados, ha hecho un llamado a que “no se distorsionen estas potestades de control y fiscalización que tiene particularmente el Congreso”. La idea que tratan de vender desde el Gobierno es que distraer a los funcionarios en cuestión de sus tareas durante la emergencia es algo así como sacar a un bombero de un incendio para preguntarle por qué lleva mal puesto el uniforme.
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El cuadro que nos quieren pintar, sin embargo, no se condice mucho con la realidad. El incendio desde luego existe. Pero que los ministros estén haciendo de bomberos es ya un postulado más discutible. A partir de las normas que emiten desde sus diversos sectores para, supuestamente, combatir los efectos de la pandemia en la salud o la economía, uno tendría la impresión de que andan confundiendo la manguera de agua con la de gasolina. Y, para ser justos, lo mismo cabe decir del Congreso, cuyos integrantes no han hecho hasta ahora otra cosa que tomarse los esfuerzos por hacerles entender los rudimentos del razonamiento económico como una ofensa personal y aprobar, como en pataleta, leyes que lo contradicen.
Pero si bien la opinión sobre el carácter deleznable de la legislación que alumbran sin descanso los ‘gremlins’ parlamentarios está bastante difundida, hay quienes viven todavía bajo la impresión de que la regulación que emana del Ejecutivo es justa, atinada y patriótica. Y para ellos hemos seleccionado una pieza del astracán normativo que semana a semana va a parar a “El Peruano” tras las sesudas sesiones del Consejo de Ministros.
—El laberinto y la yuca—
El martes de la semana que termina, en una edición auténticamente extraordinaria del diario oficial, se publicaron el Decreto Supremo N°117-2020 de la PCM; “que aprueba la fase 3 de la Reanudación de Actividades Económicas”, y la Resolución Ministerial N°448-2020 del Ministerio de Salud, que aprueba un documento técnico de “Lineamientos para la Vigilancia, Prevención y Control de la Salud de los trabajadores con riesgo de exposición a COVID-19”. Hasta ahí, todo bien (salvo por el uso de las mayúsculas, claro).
Pero ocurre que el referido Decreto Supremo, en la primera de sus disposiciones complementarias finales, establece que para la reanudación de las actividades económicas “las entidades, empresas, personas jurídicas o núcleos ejecutores deben observar los ‘Lineamientos para la vigilancia de la Salud de los trabajadores con riesgo de exposición al COVID-19’, aprobados por Resolución Ministerial N°239-2020” del Ministerio de Salud. Y he aquí que surge un problemilla, pues el artículo 6 de la Resolución Ministerial N°448 –publicada, insistimos, en la misma edición de “El Peruano” que el Decreto Supremo N°117– deroga la Resolución Ministerial N°239. Es decir, internan a la persona o empresa que quiere reiniciar sus actividades económicas en un laberinto de disposiciones que debe seguir minuciosamente... para al final encontrarse con una yuca. La Presidencia del Consejo de Ministros y el Ministerio de Salud se comunican, al parecer, en una lengua que ninguno de los dos entiende.
Y esto, como decíamos, es solo un ejemplo. En lo que concierne a la suspensión perfecta de labores, por mencionar otro, la feria de cambios de requisitos con aplicación retroactiva, la exigencia de asuntos mencionados por tal o cual ministro pero no regulados y las resoluciones denegatorias sin motivo aparente han dado muestra también de lo nocivas que son para el medio ambiente las autoridades honorariamente soviéticas en cuyas manos ha caído la reglamentación de nuestro regreso a la vida sin cuarentena.
Es con esos ojos, entonces, que debemos evaluar los pedidos de interpelación que baraja el Congreso. No cabe duda de que hay en ellos un afán de protagonismo de parte de los parlamentarios más rumbosos y una reiteración ociosa de lo que ya se les puede haber preguntado a los miembros del Gabinete en sesiones de comisión. Pero si lo que vamos a conseguir es que tanto legisladores afiebrados como ministros reñidos con el principio de no contradicción se aparten un rato de sus respectivas compulsiones por segregar normas perniciosas, pues que vivan las interpelaciones. Habría que buscar, más bien, la forma de prolongarlas, de atiborrarlas de cuestiones previas y mociones de orden, de hacerlas infinitas de ser posible… Porque de esa perfecta suspensión de la necedad volcada en documentos que terminan con la fórmula “publíquese y cúmplase” nos beneficiaríamos sin duda todos los peruanos.
—El otro cierre del Congreso—
Motivos para interpelaciones varias en el futuro, por lo demás, no faltarán. Mientras sigan apareciendo, por ejemplo, parientes de personas cercanas al presidente contratados para trabajar para el Estado en circunstancias inquietantes, el balotario de preguntas se irá enriqueciendo. Pero lo que interesa por el momento es saber qué pasará con aquellos pedidos que ya aguardan turno para ser votados.
Todo dependerá, en realidad, de la presencia de ánimo que las distintas bancadas que componen la representación nacional estén dispuestas a exhibir en los próximos días. ¿Se dejarán amedrentar por las acusaciones de neo-obstruccionismo que el Ejecutivo ha ensayado recientemente a propósito de ellas o se pondrán tercas, como cuando tienen que desafiar los principios de la economía?
Desde esta pequeña columna, le vamos en esta ocasión al Legislativo. Que los más bocatanes entre los bocatanes de ese foro salgan a pechar a los ministros y los arrastren hasta el hemiciclo, y que luego alguien tranque la puerta del Congreso. Por fuera, desde luego.