La investigación congelada, por Mario Ghibellini

La investigación preliminar abierta –e inmediatamente suspendida– por la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, al presidente Castillo con relación a dos casos en los que se presume delito es el ejemplo perfecto de aquello que se suele sintetizar con la expresión “tarde, mal y nunca”. Tarde, porque lo hizo cuando ya habían transcurrido casi dos meses desde que se denunció la presión ejercida por el mandatario con relación a los ascensos en el Ejército y la FAP, así como más de un mes desde que el programa “Cuarto poder” propaló el reportaje sobre sus reuniones furtivas en el inmueble del pasaje Sarratea. Mal, porque la señora abrió la pesquisa para cerrarla. Esto es, para acallar el clamor general que le exigía reaccionar ante un asunto que despedía muy mal olor y, al mismo tiempo, ponerles un candado a las indagaciones hasta julio del 2026. Y nunca, porque eso es precisamente lo que promete, a propósito de la posibilidad de obtener información medular sobre los casos en cuestión, el congelamiento de la investigación por cuatro años y medio.

–Confusión verbal–

Pensemos, por ejemplo, en la lista de los embozados concurrentes a la casa de Breña. Como se sabe, el presidente se niega a proporcionarla, so pretexto de que todos los encuentros que sostuvo en ese lugar fueron de carácter personal. Pero las imágenes del informe de “Cuarto poder” han revelado que pasaron por allí desde ministros hasta representantes de consorcios que se beneficiaron con la buena pro de licitaciones millonarias, con lo que la tesis del cafecito amical se viene abajo. Entonces, si hasta la premier Mirtha Vásquez ha arrugado con respecto a cualquier posibilidad de forzar al jefe del Estado a entregar en breve plazo la nómina de marras, ¿cómo demonios podremos obligarlo a divulgarla si no es a través de una investigación fiscal? Para cuando haya terminado su periodo presidencial, el profesor Castillo podrá alegar tranquilamente que su memoria sobre las tertulias en el pasaje Sarratea se ha vuelto borrosa, y a ver quién demuestra lo contrario.

En general, la idea de que la escena del crimen puede ser rodeada con un precinto que aleje a los curiosos por cuatro años y medio, para solo después de esa prolongada espera ser abordada por los representantes del Ministerio Público con escobillas y pinzas, es absurda. Lo ha señalado con toda claridad el defensor del Pueblo, Walter Gutiérrez, y también alguien tan poco sospechoso de cultivar una agenda antigobiernista como la saliente titular del Tribunal Constitucional, Marianella Ledesma. Mientras el primero ha observado que “no hay ninguna remota posibilidad de conocer la verdad luego de pasados cuatro o cinco años”, la segunda ha sentenciado que “hay que ser bien ingenuo para investigar después de cinco años”.

A estas señales de alarma sobre la torpeza que se estaría cometiendo al suspender hasta el 2026 la investigación preliminar sobre las presuntas irregularidades en las licitaciones de Provías y Petro-Perú, y sobre las presiones en los ascensos en las Fuerzas Armadas, hay que agregar, además, las inquietantes señas que, desde las alturas del poder, emiten las conductas culposas de algunos de los personajes centrales de este drama. Nos referimos, en primer lugar, al mismísimo presidente de la República, que, más allá de sus vagas promesas de recibir a la prensa la próxima vez que el cometa Halley pase por la Tierra en año bisiesto, huye de los micros como Drácula de los crucifijos.

Y en segundo término, al ministro de Justicia, Aníbal Torres, y su anuncio de evaluar la permanencia en el cargo del procurador Daniel Soria (que fue el que denunció originalmente al presidente Castillo ante la fiscalía) sin siquiera haber visto su expediente y tras haberse reunido con el abogado del mandatario, Eduardo Pachas… que, horas antes, había demandado la destitución del mentado funcionario. Una prodigiosa sincronía, por decir lo menos.

Nada de esto, sin embargo, perturba a la fiscal de la Nación, que ha abierto alegremente la nevera y, simulando que los verbos ‘acusar’ (que es aquello que la Constitución impide hacer respecto de un jefe de Estado) e ‘investigar’ se le confunden, ha metido todo al hielo hasta un par de días antes del juicio final.

–Zoraida de las Nieves–

A la señora Ávalos, como se sabe, se le atribuye una amabilidad que va más allá de la línea del deber con los gobernantes de turno. Se la enrostraron en la época del Lagarto y se la están imputando ahora, en estos tiempos de la Chota Nostra. Y, en honor a la verdad, hay que decir que ella se esfuerza por alimentar la leyenda. No olvidemos que hablamos de la misma persona que presentó un cuadro de cálculos renales justo el día que tenía que tomarle el testimonio al presidente Castillo por el caso de las injerencias indebidas en los ascensos militares y que se acaba de ir de vacaciones mientras en torno a la actuación de su despacho a propósito de este enojoso asunto arde Troya.

Ninguno de esos comportamientos, no obstante, pinta tan nítidamente el talante de esta especie de prima de La Chilindrina como su decisión de congelar por casi cinco años las investigaciones al mandatario para que no se vaya a distraer de sus funciones. Un cuento de nieves perpetuas, como para refrescar el verano que ya tenemos encima.