:quality(75)/s3.amazonaws.com/arc-authors/elcomercio/c282f3f3-b2d7-4e39-b997-40807f9909d0.png "Giacomo Sanguineti")
¿Edmundo González Urrutia podrá jurar como presidente de Venezuela tras el reconocimiento de Estados Unidos?
Tras la reciente discusión sobre la ley de criminalidad organizada en la mesa de trabajo del Congreso el pasado 24 de abril, posiblemente estemos al borde de un debate inminente sobre la legislación penal en esta materia. En este contexto, es crucial reflexionar sobre la expansión del concepto de “crimen organizado” en nuestra legislación y preguntarnos si estamos sacrificando derechos individuales en esta lucha. Si bien el Perú no es el país más violento de América Latina, el notable incremento de la criminalidad ha forzado un cambio en las políticas de seguridad y la implementación de legislación penal específica, como la Ley 30077.
Esta ley muestra una tendencia hacia la expansión de la definición de ‘criminalidad organizada’, aplicándola a casi cualquier grupo de tres o más personas, independientemente de la estructura permanente o los objetivos específicos de sus actividades delictivas. Además de su amplio alcance, esta ley extiende los plazos de detención e investigación preparatoria hasta por 36 meses.
Anteriormente se requería de una estructura estable y definida para clasificar un grupo como organización criminal, pero las modificaciones realizadas flexibilizan estos requisitos y permiten una interpretación más amplia que incluye agrupaciones ad hoc bajo el paraguas de criminalidad organizada.
Esto podría desviar la atención de las verdaderas amenazas que suponen los grupos criminales, diluyendo el objetivo de la norma y malgastando los recursos en casos que no corresponden a la gravedad que entrañan los grupos incluidos en la ley original.
En el contexto peruano, esto puede generar la estigmatización de individuos y grupos como criminales organizados, sobre la base de criterios que podrían no reflejar su verdadera naturaleza o intención delictiva.
Si bien es importante que el Perú avance hacia un sistema penal que efectivamente combata el crimen organizado, no lo es menos que toda reforma normativa, así como las políticas de seguridad, consideren el respeto de los derechos fundamentales. El análisis de las políticas actuales nos debe llevar hacia enfoques que no solo sean punitivos, sino también preventivos y justos.
