De portero a presidiario

Vladimir Cerrón se esforzó por evitar una sentencia condenatoria en su contra, pero el brazo de la justicia lo alcanzó otra vez. Su obsesión era estar habilitado para volver a postular a la presidencia. Su última estrategia fue concebir y aprobar la ley que acorta el plazo de prescripción, mal llamada ley Soto.

Por iniciativa de su incondicional Flavio Cruz, se tramitó rápidamente en la Comisión de Justicia presidida por el perulibrista Américo Gonza y, una vez en el pleno, contó con el apoyo de 87 congresistas, varios de ellos potenciales reos como él. No fue observada por el Ejecutivo. Cerrón quería extinguir uno a uno sus 18 procesos penales abiertos, la mayoría por delitos contra la administración pública. Tuvo su primera victoria con el caso Canal Cimir, proceso en el que su responsabilidad penal estaba probada. Logró prescribirlo. Después, sus abogados fueron por más. Pero no le alcanzó el tiempo para el expediente del aeródromo wanka.

En ese proceso penal por delito de colusión, fue sentenciado a cuatro años de cárcel en primera instancia, a inicios de año. Apeló. La decisión final pasó a una sala anticorrupción de Junín. Se tomaron su tiempo, programaron una veintena de audiencias.

En el camino, Cerrón también presentó la excepción de prescripción. Un tecnicismo de calendario, advertido por la sala, le impidió beneficiarse con su ley de impunidad. Hubo especulación sobre si el poder fáctico o persuasión monetaria, que le atribuyen haber ejercido a Cerrón entre los magistrados de Junín, seguía vigente. El misterio se develó el último viernes: el portero más poderoso de la nación pasó a ser un reo buscado por la justicia.

La sentencia a Cerrón abre una serie de interrogantes en las agitadas aguas de la política nacional. Hay duda de si el dueño de Perú Libre podrá seguir manejando los hilos del poder desde una celda. También, si con Cerrón preso el pacto que gobierna el Congreso seguirá incólume. O tal vez lo que queda de la bancada oficialista exigirá algún mecanismo vedado para liberarlo a cambio de seguir contribuyendo con sus decisivos votos.

Cerrón, aunque lo nieguen, es parte de la alianza para que todos lleguen al 2026. La presidenta Boluarte y el Ejecutivo también dependen de él. Todavía maneja los votos necesarios para mantener el precario equilibrio del pacto de gobierno. Y Cerrón sabe cómo hacerlos valer.

Antes, él mismo tiene que resolver sus dudas: decidir entregarse a la justicia, comparando su prisión con el martirologio que le atribuye a su padre y mentor, el extinto Jaime Cerrón Palomino; o pretextar persecución política para autoexiliarse en alguna embajada amiga como intentó su socio Pedro Castillo después de dar un golpe.