La extorsión Robin Hood

La violencia criminal a secas y la violencia derivada de actos con supuesto contenido político o social (entendidos estos como el activismo por temas ideológicos o por reivindicaciones de cualquier índole, sea por móviles ambientales o de reconocimiento de otro tipo de derechos) han encontrado en la extorsión un arma poderosa para el logro de sus propósitos.

Si bien el segundo tipo de extorsión no es absoluto ni generalizable, la multiplicación de “conflictos sociales” que derivan en la comisión de este crimen está creciendo exponencialmente en varias zonas del país, afectando diversas actividades económicas.

Bajo esta perspectiva, se trata de un delito del que hacen uso tanto El Tren de Aragua o cualquier organización nacional o internacional, con poca o mucha sofisticación, para amedrentar a personas y empresas de todo tipo y valor económico, como algunos “activistas” agazapados en organizaciones comunitarias (campesinas o indígenas, frentes de defensa, ONG, etc.) bajo el manto de la “promoción” de derechos territoriales, comunales, sociales, ambientales, etc.

La única diferencia es el membrete. La extorsión a secas es directa y evidente. La otra, “la social, ambiental o política”, se disfraza de un romanticismo al puro estilo de Robin Hood. En un caso, un balazo o una granada en el cuerpo o en la casa de la víctima es la consecuencia de su negativa. En el otro, es la toma o el bloqueo de una carretera, el incendio o sabotaje de una operación o de unas instalaciones, el secuestro de vehículos o barcazas para el traslado de pasajeros o hidrocarburos, y también el ataque con armas de fuego más artesanales, punzocortantes o bombas molotov.

Son más las similitudes que las diferencias. El objetivo, en la gran mayoría de los casos, es apalancar recursos y rentas. Los extorsionadores, en uno u otro caso, saben dos cosas: que el Estado está ausente para contenerlos y reprimirlos y que, salvo excepciones, las víctimas van a preferir pagar los cupos o aceptar las condiciones para sobrellevar cierta normalidad.

En el caso de la “extorsión social”, hay un beneficio adicional. Algunas ONG locales que avalan o apoyan a las organizaciones que directa o indirectamente cometen el delito justifican la solicitud de mayor financiamiento a sus pares u ONG internacionales en la existencia o agudización de supuestos conflictos con empresas o el Estado, para litigar ‘ad infinitum’ o promover campañas de acoso mediático.

Lo que termina siendo un negocio redondo. O, como dicen los anglosajones, una ‘win-win situation’ (todos ganamos). Los únicos que pierden, para variar, son siempre las víctimas.