Solo cambian los jugadores, por Rodrigo Cruz

Jorge Barata lo confirmó en abril del 2019. Interrogado en Curitiba por los fiscales del Caso Lava Jato, el ex hombre fuerte de Odebrecht dijo que le constaba la existencia de lo que era un secreto a voces: en el país había un ‘club de la construcción’ integrado por las principales empresas constructoras (peruanas y extranjeras) que, en lugar de competir entre sí, se repartían las obras públicas. Una suerte de Lava Jato a nivel local. Es decir, una cartelización empresarial en la que ninguno de sus integrantes perdía. Por el contrario, todos se coludían para sacarle el mayor provecho económico a las licitaciones públicas que convocaba el Estado.

Según Barata, este ‘club’ operó desde el 2001 hasta el 2012 (una investigación posterior de Indecopi concluyó que funcionó hasta el 2016, por un total de obras cuyo valor referencial superaba los S/13 mil millones). El botín era Provías Nacional, del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), la unidad ejecutora a la que mayor presupuesto destina el Estado (no baja de los S/6 mil millones al año), a cargo de la construcción de infraestructura vial en el país.

Las reglas del juego eran más o menos sencillas: previamente, pactaban qué obra le tocaba a cada integrante, luego simulaban que competían entre sí, con la característica de que siempre debían de presentar una propuesta económica arriba del 100% del valor referencial de la obra (generalmente, era del 107%).

Desde luego, tenían que contar con la complicidad de funcionarios para materializar sus planes. El soborno era de entre el 2% y el 3% del precio final de la obra, que se repartía entre los diferentes actores que participaban. Pero no todos recibían lo mismo. A mayor jerarquía del funcionario, más dinero entraba en los bolsillos. De modo que la existencia del ‘club’ estaba supeditada al nivel de corrupción en el MTC y Provías. Pues esta manera de saquear el presupuesto público trascendía gobiernos y puestos de confianza. Este cártel jugaba en pared con las mafias que se habían institucionalizado en estas dos entidades.

Tres años después de la declaración de Barata, el ‘club’, o mejor dicho, su modalidad, ha vuelto a ser tema de discusión. Esto, a raíz del testimonio dado por la lobbista Karelim López a la fiscalía de lavado de activos en su calidad de aspirante a la colaboración eficaz. Ella dice que el presidente Pedro Castillo y Juan Silva (en el MTC) encabezan una mafia que reparte obras públicas. López ha entregado un USB con una lista de proyectos de Provías Nacional que habrían sido dirigidos irregularmente hacia empresas de origen chino. Si bien aún falta que se corrobore la información entregada, la sensación es que se repite la historia de siempre. El mismo botín. Las mismas reglas de juego. Lo único que cambia son los jugadores.