Sin un plan contra la inseguridad, por Rodrigo Cruz

Si algo hay que reconocerle al Gobierno de Pedro Castillo en cuanto a seguridad ciudadana, es que está cumpliendo estrictamente con lo que reflejó en campaña: no tienen un plan concreto para enfrentar esta problemática. Ese es el resumen a cinco meses de gestión y con tres ministros del Interior a cuestas.

Por ello, no es casual que un 56% de la ciudadanía (Ipsos Perú) crea que en el 2022 nos irá peor en la lucha contra la delincuencia. Basta con dar una mirada a las medidas más grandilocuentes que se han tomado en los últimos meses. Si bien ninguna de ellas llegó a concretarse, dejaron en claro la preferencia del Gobierno por las políticas de corto plazo, el aplauso fácil, pero que de ninguna manera atacan los problemas de fondo para combatir el crimen y la impunidad.

Ahí está, por ejemplo, el exministro del Interior, Juan Carrasco, prometiendo en agosto que escolares de 4to y 5to de secundaria añadan a sus responsabilidades estudiantiles el patrullaje con las policías de su distrito. O su sucesor, Luis Barranzuela, quien fue la mente maestra detrás de esa resolución suprema publicada en octubre que autorizaba a las FF.AA. a intervenir en el aseguramiento del orden interno en Lima y el Callao, previo reconocimiento de la PNP de haber sido superada en su capacidad de acción. Por último, la bochornosa y fallida expulsión de 41 venezolanos el miércoles de la semana pasada en la gestión de Avelino Guillén, que en realidad fue una cacería contra migrantes de esa nacionalidad –que no registraban antecedentes de haber cometido ilícitos en el país– para que el Gobierno haga un ‘show’ y se muestre como si estuviera haciendo algo contra la delincuencia.

En lo que sí ha sido expeditiva esta gestión es en el nombramiento de la guardia policial presidencial, encabezada por los coroneles PNP Jaime Huatuco y Wilberto Rabanal (natural de Chota), quienes en ningún momento dieron cuenta de las reuniones clandestinas de Castillo en la casa de Breña, menos aún llevan un registro de aquellos encuentros furtivos, según denunció la Procuraduría General del Estado.

Pero no hay que ser mezquinos. Una política seria contra la inseguridad ciudadana es una deuda pendiente en este país, que en los últimos dos años ha tenido 11 ministros del Interior. Sin embargo, la actual gestión, además de no contar con un plan, le añade inestabilidad al sector con denuncias del tipo de presuntos favorecimientos en los ascensos a generales en la PNP y que a la fecha no han publicado las invitaciones a los pases al retiro o los cambios en las unidades policiales, algo que, siguiendo los años anteriores, ya debería de estar hecho. La ciudadanía y su derecho a contar con una vida digna es la que paga esta política sin rumbo, mientras al Gobierno se le ocurre qué hacer.