El Congreso tiene este miércoles la oportunidad de corregir el mensaje de impunidad que dio el viernes de la semana pasada al no completar los 66 votos necesarios para censurar al ministro del Interior, Willy Huerta. El repentino y arbitrario cambio en el alto mando de la PNP y el escandaloso y torpe intento de retirar al oficial Harvey Colchado de la Digimin son razones suficientes para aprobar la moción, pero para un grupo de parlamentarios parecen no bastar estos hechos y expresan argumentos endebles que, en realidad, solo buscan engañar a la ciudadanía para blindar en el cargo a quien llegó con la simple y única misión de proteger al presidente Pedro Castillo.
Hay quienes dicen que una censura a Huerta generaría un daño irreparable en la lucha contra la inseguridad ciudadana (la principal demanda en el país, según todas las encuestas). Esto es sencillamente falso. En sus poco más de dos meses como ministro, Huerta ha demostrado no tener ningún plan para enfrentar de manera estratégica este flagelo. En este tiempo, se ha limitado a lo más sencillo: presentar estadísticas que no son otra cosa más que fuegos artificiales y acudir a cualquier evento policial que se le presente para alimentar la engañosa percepción de que algo está haciendo desde que llegó al sector.
Por ejemplo, la semana pasada, desde las redes sociales del Ministerio del Interior, se informó que en los últimos dos meses (es decir, desde que Huerta es ministro) se habían realizado 45.042 detenciones por diversos delitos en todo el país. Eso es más del 50% de la población penitenciaria del país. Unos 750 arrestos en promedio al día. Pero lo que no dicen es cuántos de ellos terminaron en casos reales en el Ministerio Público y cuántos de los intervenidos finalmente fueron liberados al día siguiente. No lo hacen porque eso iría en contra de esa narrativa que quieren vender con cifras estridentes, pero que al final del día termina empotrándose con la realidad que día a día padece el ciudadano en la calle.
Por esto también debería ser censurado Huerta, que a fines de agosto justificó el relevo del alto mando policial diciendo que no habían cumplido con los objetivos de seguridad ciudadana. Ese mismo criterio se le debería aplicar a él: si su único plan es aumentar cifras como sea, solo va a generar, además de engañar a la población, que se descuiden investigaciones donde sí se amerita el trabajo policial.
Pero el fondo del asunto, como es evidente, es que Huerta está en ese puesto para proteger a Castillo. Por ello, nombró a un general paisano del presidente en Inspectoría. Por ello, esos nombramientos en Digimin poco después de asumir. Este miércoles, el Congreso tiene la oportunidad de ponerle freno o de dejar en claro su complicidad.