Lo justo, por Patricia del Río

Inclusión. Esa fue la palabra que dominó la agenda de la campaña política del 2011. El candidato que lograra convencer a los peruanos que podía extender los beneficios del crecimiento económico a todos estaba claro que se llevaba las elecciones.

Ollanta Humala ofreció grandes transformaciones y salió elegido. Al final, no hubo mayores cambios y la oferta se tradujo en mantener el modelo imperante, pero incrementando los programas sociales para llevar mejores condiciones de vida a los más pobres. Para los máximos críticos de la política económica de este gobierno (léase Luis Carranza), los programas sociales no han logrado promover la inclusión y solo buscan generar lealtades al gobierno entre los beneficiarios. 

Personalmente, no creo que los programas sociales hayan sido creados con fines proselitistas. Demasiada gente seria como Carolina Trivelli o Paola Bustamante ha trabajado en ellos como para pensar que lo han hecho con fines clientelistas. Sin embargo, no están generando la inclusión que deberían, porque parten de un error fundamental: considerarla un tema meramente económico y asumir la inclusión como un asunto de mera repartición de dinero.

La inclusión social implica hoy, más que cualquier otra cosa, que todos seamos capaces de ver en el otro a un semejante. Que todos podamos sentir que ese señor que vive en la Amazonía o en una comunidad perdida de la sierra peruana tiene derecho a defender sus propiedades, a exigir calidad en los servicios que recibe, a no ser excluido o discriminado por su idioma, su apariencia o sus creencias. 

Y de algo como eso estamos francamente lejísimos. En el último mes en nuestro país ha ocurrido un hecho histórico: después de más de 40 años de haber sido declaradas lenguas oficiales del Perú, nuestro Poder Judicial emitió dos sentencias en lenguas andinas: el 13 de marzo, en Azángaro, Puno, el juez Julio César Chucuy, condenó a seis años de prisión a un violador sexual. La sentencia se dictó en aimara y el juez se tomó el trabajo de desarrollar todo el juicio en esta lengua altiplánica. Unas cuantas semanas después, también en Azángaro, el juez Santos Poma Machaca le explicó a los ciudadanos que estaba juzgando los beneficios de la “terminación anticipada” en su lengua materna. El proceso se desarrolló en quechua y una vez más fue condenado en su lengua un hombre acusado de haber agredido físicamente a una mujer. 

La noticia, por supuesto, jamás alcanzará la popularidad de los tuits del ministro Pedro Cateriano. Sin embargo, estamos ante un hecho increíble: nos matamos hablando de crecimiento económico, los gobiernos se pelean por ver quién sacó a más peruanos de la pobreza monetaria y, sin embargo, en pleno siglo XXI, dos mujeres por primera vez escucharon a la justicia hablarles en su idioma. Entendieron con claridad cuál era el castigo que recibirían sus agresores. Descubrieron que su idioma no es inferior, ni menos útil que el castellano. Se sintieron por primera vez incluidas en un país que hace siglos les habla en una lengua extraña. Las juzga en una lengua extraña. Las educa en una lengua extraña.

En este último mes en Puno, gracias a la labor de dos jueces que valoran su cultura, avanzamos un poco en el camino hacia una verdadera inclusión. Esa que se logra con reconocimiento y respeto.