Se equivoca el presidente Pedro Castillo si cree que seguir con esa actitud de no rendir cuentas sobre los escándalos políticos de presunta corrupción que envuelven a su gobierno le traerá algún tipo de beneficio o que estos serán olvidados con el transcurrir del tiempo. No se engañe, señor presidente. Si hoy no le responde a la ciudadanía sobre con quiénes más se reunió de manera clandestina en la casa del pasaje Sarratea o por qué se citaba en Palacio con proveedores y lobbistas que luego ganaban millonarios contratos con el Estado, tarde o temprano lo tendrá que hacer, pero ante la justicia.
De hecho, la Fiscalía de la Nación ya ha informado que citó al mandatario para el próximo miércoles 29 de diciembre por el caso de las presuntas injerencias del Gobierno en los ascensos a generales en el Ejército y la Fuerza Aérea. Una citación que se da por segunda vez, porque inicialmente fue convocado para el 14 de diciembre, pero Castillo solicitó la reprogramación.
Sin embargo, optar por responderle solo a la fiscalía –en el hipotético caso de que ello finalmente suceda– no disipará las dudas que el mismo presidente se ha esmerado en promover frente a la opinión pública y a una oposición radical que espera el siguiente paso en falso para promover una segunda moción de vacancia. Le hacen falta respuestas al país, pero a Castillo esto pareciera no importarle.
Esta preferencia por no aclarar nada está arrastrando, además, a otros personajes de su Gobierno. Por ejemplo, la primera ministra Mirtha Vásquez. En la denuncia que presentó el viernes pasado el procurador general Daniel Soria contra Castillo, se recuerda que Vásquez dijo en una entrevista que la lista de visitantes a la casa de Breña ya había sido entregada a la procuraduría. Como lo dicho no fue verdad y Palacio insiste en no transparentar la relación de nombres, Soria lo utilizó como insumo para solicitarle a la fiscalía que investigue si el mandatario jugó ilegalmente a favor del consorcio que representaba Karelim López para que ganase un contrato de más de S/230 millones con el Estado.
Pero tal vez la consecuencia más grave de un presidente que no rinde cuentas es la pérdida de credibilidad que se está acrecentando cada vez más en la ciudadanía. Más aun tratándose de quien llegó al poder con el discurso de que iba a marcar la diferencia en nuestra clase política y que terminó demostrando ser más de lo mismo en menos de 150 días de gestión. Lo sorprendente aquí es su rápida destreza para meterse cabe. Castillo se convertirá en su principal opositor si cree que no hay espacio en su gobierno para un propósito de enmienda. ¿Qué más tiene que pasar para que dé una respuesta? A menos que no tenga alguna y lo mejor sea el silencio antes que reconocer su culpabilidad.
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