Excesos a granel

Desde que la judicialización de la política ha reemplazado al debate de ideas, la polarización se profundiza e instituciones débiles se disputan pequeñas cuotas de poder –cuando no sus propias competencias–, los límites entre lo correcto e incorrecto, lo legal e ilegal, se atenúan peligrosamente.

Hoy no sorprende ver a fiscales que desafían mandatos judiciales, a magistrados que prevarican o a congresistas con aspiraciones de procuradores o jueces como parte de su activismo. Ninguno se inmuta. Justificar la cuadratura del círculo es la norma. La excepción termina siendo interpretar y aplicar la ley correctamente y de buena fe.

A modo de ejemplo, pondré el caso reciente de la denuncia constitucional presentada por la congresista Patricia Chirinos contra tres miembros de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) por, supuestamente, haber intentado influir en el presidente del Poder Judicial para que este a) lleve a cabo una reunión a pedido de miembros de la Corte Suprema y b) asuma una postura crítica ante la inhabilitación impuesta por el Congreso contra la ex fiscal de la Nación Zoraida Ávalos.

El principal argumento fáctico de la denuncia refiere a una “información periodística” que, a su vez, remite a una “fuente anónima en el Poder Judicial” que habría revelado la supuesta injerencia de los denunciados.

La denuncia no cuenta con ningún elemento adicional que corrobore lo señalado o que sustente la conducta objeto de esta. El presidente del Poder Judicial no ha confirmado ni ha alertado haber recibido algún tipo de presión, en forma directa o indirecta, de parte de los denunciados.

Es decir, el sustento es un rumor, un chisme. Lo más probable (hago la salvedad, porque con este Congreso nunca se sabe) es que la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) desestime la denuncia.

Pero resulta que la congresista Chirinos tiene en su haber un rosario de denuncias similares o, mejor dicho, con resultados similares: el archivo, no sin antes recibir una estruendosa atención mediática.

Ahí están, por ejemplo, las denuncias que presentó contra los congresistas Sigrid Bazán y Guillermo Bermejo que fueron declaradas improcedentes en la SAC por falta de pruebas. La que formuló en su momento contra ‘Los Niños’ tuvo la misma suerte. Y similar destino probablemente tenga la que dirigió contra la exministra de Salud Rosa Gutiérrez por el delito de homicidio, a propósito de su gestión del dengue.

¿Cambalache institucional? ¿Excesos a granel? ¿Derroche demagógico?