Rodrigo Cruz

Solo con esto, el gobierno de ya se ha hecho un espacio en la historia reciente de nuestra república: es el primer presidente en ejercicio bajo una investigación penal por serios cargos de corrupción. Los delitos que se le atribuyen son organización criminal, tráfico de influencias agravado y colusión agravada. El caso: la licitación pública, a través de Provías Descentralizado, para la construcción del Puente Tarata III en la región San Martín. Una obra valorizada en más de S/232 millones.

La semana pasada, el , Pablo Sánchez, que ocupa el cargo de manera interina desde fines de marzo, tomó la decisión de incluir a Castillo en la investigación que le sigue al exministro del MTC Juan Silva y a seis congresistas de Acción Popular conocidos como ‘Los Niños’. Sánchez ha interpretado que el artículo 117 de la Constitución no limita a la fiscalía a investigar de manera preliminar a un presidente en ejercicio y, así, cumplir con su deber constitucional de perseguir el delito. Posición contraria a la que tenía su antecesora, Zoraida Ávalos.

Ávalos es de la postura que el referido artículo obliga a la fiscalía solo a investigar a un jefe del Estado, cualquiera sea el caso, una vez que concluye su mandato. Sánchez, en cambio, argumenta que es indispensable sumar a Castillo en las pesquisas, pues ha sido señalado, en más de un testimonio, como la cabeza de una organización criminal enquistada en los puestos más altos del Ejecutivo.

Ávalos y Sánchez son, por ahora, los dos únicos fiscales supremos titulares. Y cada uno, como se ha visto, representa una orilla opuesta sobre cómo hacer frente a las serias denuncias que pesan contra el Gobierno (una, evidentemente, es más favorable a los intereses del presidente). Estas dos interpretaciones aparecen en un contexto muy particular: hoy, la Junta Nacional de Justicia (JNJ) daría cuenta sobre quiénes serán los dos fiscales supremos que se sumarán al Ministerio Público. Ello conllevará a que, entre los cuatro fiscales supremos, elijan en el corto plazo al fiscal de la Nación hasta el 2025.

En Palacio deben estar siguiendo de cerca lo que está por ocurrir en la JNJ. El próximo fiscal de la Nación será quien esté a cargo de liderar el caso contra el presidente. Aunque, si es elegido alguien con una postura similar a la de Ávalos, ya sabemos lo que puede pasar. Desde estas páginas, hemos advertido que hay una postulante –Delia Espinoza– muy cercana a la exfiscal de la Nación que tiene opciones de ser elegida por la JNJ. También la propia Ávalos puede volver al cargo. Estos son los escenarios que se tiene en la fiscalía, donde existen dos interpretaciones frente a las denuncias contra Castillo. Es lógico cuál de las dos prefiere el presidente que prevalezca. Solo falta que la JNJ decida.

Rodrigo Cruz Periodista

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