Conocer los movimientos económicos de Nadine Heredia Alarcón nos abrió una caja de Pandora que parece ser profusa y oscura. Ella se siente atropellada por los diferentes medios. No comprende el porqué de tanta alarma y tantísima cobertura. Pero el informe fiscal es prístino e indica que se debe investigar. No hay condena alguna. Luego de las indagaciones y de las aclaraciones se sacará una conclusión sobre si hay delito de lavado de activos o no.
Por eso el hábeas corpus planteado por Heredia es fofo e inconsistente. Resumiendo sostiene: ya me investigaron, no encontraron lavado y no se puede reabrir. No obstante, la investigación quedó trunca. No se realizaron peritajes contables a las empresas que contrataron a Heredia. No se reparó en que las fechas de las facturas entregadas no son correlativas y otras omisiones que ameritan profundizarse.
Adicionalmente, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) envió un informe con los gastos de la tarjeta de crédito mancomunada con Rocío Calderón Vinatea. Y esa información nos remite al período inicial 2005-2010. Ahora conocemos que no es una sino varias tarjetas, no una sino varias cuentas. Son nueve personas a quienes el fiscal Ricardo Rojas –afortunadamente no lo cambiaron y estará a dedicación exclusiva– pide investigar.
En lavado de activos el círculo familiar y amical funciona. El origen ilícito del dinero se verá cuando se abran esas nueve puertas, cada una con sus compras, probables desbalances, cuentas, tarjetas y ‘pitufeo’. Un proceso largo y complejo sin duda. Pero necesario por la alicaída salud moral de nuestro país.
En estos cuatro años hemos escuchado insistentemente de parte del presidente que los gobiernos anteriores fueron corruptos, no hicieron nada, se tiraron la plata, etc. Vemos ataques a los competidores políticos en medios solventados por el gobierno, a los que se les tiene una complacencia alarmante. A todos les revisan el pelo y el suspiro. Si se trata de personas que están en el poder no se puede poner el grito en el cielo.
En estos cuatro años la institucionalidad se ha corroído. En el Poder Judicial tenemos jueces cuestionados por la red Orellana, por el narcotráfico. La fiscalía también ha sido atravesada. Nuestra sacrificada policía no captura al joven Gerald Oropeza, involucrado en narcotráfico y la recorre la corrupción. Vemos manejos oscuros en las Fuerzas Armadas, se cuestiona la compra de armas.
En los programas sociales ya aparece la corruptela. Colocar los reflectores en un inscrito en el Apra es recurrir a la política del avestruz. Hasta el IPD hizo contratos equívocos con el señor Martín Belaunde Lossio. El ciudadano que quiere transparencia no tiene adónde voltear los ojos, ni en quién confiar.
Con este clima de desconfianza nacional, la economía no puede despegar. Apoyo y Citibank tienen proyecciones de crecimiento para el 2015 cercanas a un nefasto 2,8%. Igual que el año anterior. Desde el más rico al más pobre quieren estabilidad, confiar en sus instituciones y en el gobierno, aunque no sea de su opción política.
Se pedirán facultades extraordinarias para legislar en materia económica. El jefe del Gabinete anda liado y mudo. Escuchamos rumores que buscan asustarnos con una interrupción del orden democrático. El escándalo de la ropa usada fue una contribución al golpe de Estado de Fujimori. Investiguemos la jarana chocolatera y cualquier ‘lavandería’ por el cauce legal.