No cabe duda de que la presidenta Dina Boluarte y sus ministros de Estado tendrán, tarde o temprano, que responder ante la justicia por las numerosas denuncias de abusos en los operativos cometidos por las fuerzas del orden en los últimos meses. Tampoco hay duda de que se trata de un gobierno de transición y no entender desde un inicio que esa era su naturaleza –quizás uno de sus principales errores– es algo que también está fuera de debate.
Se puede y se debe criticar esta gestión por cómo está manejando la crisis social, desde luego. Pero lo que no se puede decir es que se trata de una presidencia ilegítima o espuria, en palabras del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador (AMLO) en su última intervención berrinchuda e irresponsable del viernes pasado sobre los asuntos de la política peruana.
Boluarte, si acaso es necesario repetirlo, llegó a la presidencia como parte de la sucesión de mando a raíz del golpe de Estado que perpetró (sin éxito y de manera muy torpe, pero golpe de Estado a fin de cuentas) Pedro Castillo el pasado 7 de diciembre. Por ese motivo ella está hoy en Palacio y Castillo en prisión. Algo tan simple que el mandatario mexicano se niega a entender y desde su púlpito en Ciudad de México insiste en la narrativa que presenta al reo expresidente como una indefensa víctima de fuerzas opositoras que lo defenestraron del poder de manera ilegal. Una postura que denota el nivel al que llega su ceguera ideológica y que contrasta con la condescendencia que su administración exhibe con gobiernos abiertamente antidemocráticos como la Nicaragua de Daniel Ortega. ¿O tal vez esa es la forma de gobernar que prefiere AMLO?
No olvidemos que Castillo no solo intentó cerrar el Congreso y detener a la fiscal de la Nación, Patricia Benavides. En su mensaje en el que pretendía establecer un gobierno de excepción ordenó la intervención del Poder Judicial, el Ministerio Público, la Junta Nacional de Justicia y el Tribunal Constitucional. En otras palabras, quiso instaurar una dictadura por más que sus allegados repitan lo contrario. Todo esto, por supuesto, mientras intentaba poner a buen recaudo a sus familiares y a él mismo en la Embajada de México al tiempo que eludía las severas acusaciones de corrupción en su contra que se estaban dando a conocer minutos antes de su discurso.
¿Ese es el Perú que quería AMLO? ¿Uno en el que se establece un régimen totalitario y que quien lo dirige se sale con la suya? Para fortuna de los peruanos, eso no ocurrió, y hoy Castillo está compartiendo cárcel con Alberto Fujimori porque así lo estableció nuestra Corte Suprema. Para fortuna de los peruanos, el Perú no es lo que hubiera preferido López Obrador.