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El sistema previsional en el Perú es un fracaso. Tal es la rotunda conclusión de un grupo de profesores de la Universidad del Pacífico que ha publicado una polémica propuesta para reformarlo. No especifican, lamentablemente, si lo que ha fracasado es el Sistema Privado de Pensiones (SPP) o el sistema público o la peculiar combinación de ambos. Pero igual quieren cambiarlo todo por una pensión universal financiada con fondos de la tributación general.
No hay, sin embargo, en el documento colgado en la web un análisis que sustente esa conclusión. ¿Cuál es el criterio para distinguir entre éxito y fracaso? Un sistema previsional equitativo y eficiente, postulan estos profesores, garantiza la seguridad financiera del adulto mayor (como se dice ahora). Pero en ningún momento definen lo que es la seguridad financiera. Jamás en las treinta y tantas páginas siguientes vuelve a aparecer el término. Nos quedamos sin saber qué se entiende por seguridad financiera ni la distancia que separa a nuestro sistema previsional de ese ideal.
Una forma de medir la seguridad financiera podría ser la tasa de reemplazo, que viene a ser la proporción entre la pensión y el último sueldo que uno recibió. Curiosamente, las proyecciones de los profesores muestran que en el SPP dicha tasa se irá aproximando al 60%, “un nivel de suficiencia que caracteriza a sistemas de pensiones en países desarrollados”. ¿A eso lo llaman fracaso?
Hay peores cosas, sin embargo. Cuando los profesores quieren demostrar que los beneficios del SPP son ilusorios, asumen una rentabilidad de 3,4% anual, la que, deducidas las comisiones de administración que cobran las AFP, le dejaría al afiliado un rendimiento neto negativo. Pero más adelante, cuando exponen las supuestas virtudes de su propuesta, no tienen reparo en asumir que la rentabilidad anual será de 8%.
El documento chapotea en un mar de imprecisiones. Primero dice que las AFP son un oligopolio; luego dice que son un monopolio; y finalmente, que compiten con la ONP. Esta no es una mera exquisitez semántica porque es la estructura oligopólica del mercado –que no sabemos ya si existe o no– lo que supuestamente impide que bajen las comisiones.
Más flagrantes son las imprecisiones de tipo aritmético. Algo tiene que haber pasado con la calculadora de los profesores para que el 10% de 12.815 millones –el aumento en las remuneraciones gravables al eliminarse la contribución obligatoria al sistema de pensiones– les dé 2.336 millones más de Impuesto a la Renta. El impacto en la recaudación del IGV también está sobreestimado. Y si acaso fuera verdad que los fondos de la ONP rendirían 1.200 millones adicionales si se tercerizara su administración –a una AFP quizá–, eso es algo que se podría conseguir con la reforma propuesta o sin ella. Hechas bien las cuentas, resulta que la reforma no alcanzaría para pagar una pensión universal de 216 soles mensuales, sino apenas una de 80.
La propuesta en sí es incoherente con las premisas del documento. Si no hay evidencia de que la gente no ahorre para su vejez, como sostienen los profesores –y en eso coincidimos–, es cuestionable que haya que obligarla a contribuir a un sistema de pensiones. Pero, entonces, ¿por qué es necesario obligarla a tributar para solventar una pensión universal? Más aun, ¿por qué es necesario crear una pensión universal?
