Al cumplir 100 días en Palacio, el panorama para el gobierno de Pedro Castillo parece propio del de una gestión que recién se asienta: como si en el período entre el 28 de julio y el voto de investidura de hoy no hubieran mediado sino las escaramuzas de una administración que se apresta a instalarse.
La confusión que reinó en la jornada del 29 de julio pasado –cuando la sorpresiva designación de Guido Bellido al frente de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) alienó a gran parte de quienes apoyaban a Castillo– se ha prolongado. No han servido de mucho los cambios ministeriales de hace cuatro semanas, cuando Mirtha Vásquez sucedió a Bellido en el cargo. De la gestión de Bellido queda solo un retrato que poblará las paredes de la PCM; por cierto, imagen de la que el ex primer ministro saca lustre en su cuenta de Twitter sintiéndose parte de la “historia de nuestros pueblos”.
En la síntesis de caos y confusión que se proyecta, tienen mucho que ver las luchas internas del Gobierno, sin que haya una voz que pueda dirimir, ante la pasividad de un presidente que solo sale de su perplejidad para algún arrebato, que luego debe ser traducido por sus ministros. Si en la breve gestión de Bellido el rol disonante lo tenía el líder del partido de gobierno, Vladimir Cerrón, desde que Vásquez asumió la PCM, dicho rol lo ha cumplido el propio Castillo.
Al frente de la PCM, Vásquez ha tenido que lidiar con pasivos tolerados, que pronto mostraron su toxicidad. El principal, sin duda, fue la admisión de sentar al frente de un sector tan importante como Interior a Luis Barranzuela. Para forzar su salida, el ánimo festivo del hoy exministro pudo más que cualquier exigencia de Vásquez, que recién terminó de imponerse en el pulseo final.
Como legado envenenado, Barranzuela (junto con el ministro de Defensa, Walter Ayala, y el propio presidente) le dejan a Vásquez el incómodo trance de lidiar con la Resolución Suprema 191-2021-IN, que autoriza la intervención de las Fuerzas Armadas en apoyo de la policía para asegurar el control y el mantenimiento del orden interno en Lima y el Callao por un plazo de 30 días. La medida ha causado gran preocupación en la comunidad de defensores de los derechos humanos, a la que la primera ministra pertenece. De hecho, José Miguel Vivanco, de Human Rights Watch, mostró su preocupación durante la jornada del martes.
Al cierre de esta columna, se desconoce la identidad de quién sucederá a Barranzuela. Desde la posición de Vásquez, el mejor desenlace posible sería lograr el concurso de alguien de su total confianza. Pero la decisión final está en manos de Castillo, que no ha mostrado mayor pericia en el reclutamiento en este sector.
Entre el inicio de la sesión de investidura y su conclusión de hoy (si es que la jornada no sufre contratiempos), el ánimo en el Parlamento podría haber cambiado. A la positiva salida de Barranzuela le ha acompañado un complejo clima social. También se han solicitado facultades legislativas. Estos tres temas seguramente serán tocados en el debate. Los números, sin embargo, no deberían haberse movido dramáticamente y, en consecuencia, lo más probable es que se obtenga la confianza. Igual, falta saber la identidad del sucesor de Barranzuela, algo que podría tener un impacto en el resultado final.
A la espera de la confianza, y con 100 días a cuestas, la gestión de Castillo se encamina hacia una necesidad urgente de reiniciar. El entorno político –en el que la oposición viene actuando con cierta prudencia en medio de una creciente impaciencia social– brinda una oportunidad para el bisoño régimen. En sus manos está apretar la opción “reiniciar”.
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