La libertad de Keiko, por Andrés Calderón

¿Está a favor o en contra de la libertad de Keiko Fujimori? Curioso deporte peruano el de opinar sobre la libertad de una persona. Más aún, criticar o defender apasionadamente una sentencia sin haberla leído. Nuestra opinología local ya había tomado postura sobre la excarcelación de Fujimori el lunes pasado, tres días antes de que se publicara la sentencia.

El pronunciamiento del Tribunal Constitucional, y el voto en mayoría particularmente, tiene muchos aspectos criticables. Coincido con los colegas que han advertido que Blume, Sardón y Ferrero se han comportado como jueces penales y se han puesto a valorar pruebas, contrastar testimonios y hasta anticipar inocencias como si fueran una especie de cuarta instancia judicial.

Pero hay un aspecto del voto de esos tres magistrados que comparto, pese a que ha pasado desapercibido por la mayoría de periodistas y analistas, y que quizá resulte trascendental para el futuro del caso de Fujimori, Humala, Heredia y varios políticos más. Me refiero al análisis de la verosimilitud del delito de lavado de activos (páginas 48 a 53 de la sentencia del TC). Es decir, si la acción de recibir dinero de Odebrecht para la campaña electoral del 2011 y ocultar su procedencia califica como un delito o no.

Expliquemos un poco: hoy está probado que Odebrecht corrompía a funcionarios y, en consecuencia, obtenía ganancias ilícitas. Pero es evidente que Odebrecht también tenía ingresos lícitos y, hacia afuera, daba la impresión de ser una compañía que ganaba legítimamente concursos públicos y contratos con el Estado, y que tributaba y bancarizaba sus caudales. En otras palabras, no necesitaba ocultar el origen de su dinero. Entonces, incluso si se confirma que Odebrecht entregó dinero a Fuerza Popular y que Keiko sabía de ello y ‘pitufearon’ ese aporte, todavía falta preguntarse: ¿Odebrecht entregó dinero obtenido lícitamente o el proveniente de sus coimas? ¿Acaso Odebrecht necesitaba ocultar su peculio en el 2011? Y más importante aún, ¿podía Keiko Fujimori saber en el 2011 que el dinero que Odebrecht estaba entregando a su campaña provenía de fuentes ilegales?

Ese es el meollo del asunto. Lo advertimos en esta columna hace buen tiempo (“Crímenes políticos”. EC. 5/11/18). Por ello, llama la atención que el juez Concepción Carhuancho, la Sala Superior del juez Sahuanay y la Sala Suprema del juez Príncipe Trujillo hayan omitido realizar este análisis y responder a estas preguntas. Peor aún, la Sala Superior se lavó las manos señalando escuetamente en su oportunidad que “la discusión acerca de la tipicidad de la conducta imputada o la incertidumbre de que esa misma conducta pueda configurar una infracción administrativa no es posible despejar en esta incidencia”. Traducido al cristiano: “No sé si es delito, eso se verá después”. ¿Cómo es posible mandar a la cárcel a una persona por 13 meses sin haber esclarecido primero si la conducta investigada es delictiva o no? Esta omisión, por sí sola, es motivo suficiente para anular la prisión preventiva.

Es absurdo que llevemos más de dos años desde que se descubrieron los aportes clandestinos de Odebrecht a partidos políticos y hasta ahora no exista ninguna sentencia judicial que dilucide si la recepción y ocultamiento de estos donativos constituye una violación a la ley penal o no. Queda claro que la tesis de los fiscales es esa, pero ahora deben convertir esa teoría en una acusación. Y los jueces deben responder motivadamente por qué creen que dicha conducta –tan extendida entre nuestros partidos políticos– estaba penada o no en el 2011.

Mientras ello no se esclarezca, ninguna persona, se apellide Fujimori o Humala, sea política o no, debe ser privada de su libertad.