Inseguridad, mano dura y elecciones, por Arturo Maldonado

La actitud de Antonio Coasaca, el agricultor al que la policía le sembró un arma punzocortante en las manifestaciones en contra del proyecto Tía María, evidencia el grado de desconfianza que los peruanos tenemos en la policía. Sus ojos, a punto de ser llevado detenido, transmiten terror. Comparemos con la actitud de cualquier delincuente cuando es apresado. En los ojos de los delincuentes lamentablemente no hay temor a la ley. No es causalidad entonces que el Barómetro de las Américas (aclaración: institución para la cual trabajo) registre nuestra confianza en la policía entre las más bajas de América Latina, muy por debajo de nuestros vecinos Ecuador y Chile.

Tampoco es casualidad que –según los datos de esta encuesta– los peruanos tengan uno de los puntajes más altos en sensación de inseguridad, donde solo nos gana Venezuela, pero donde estamos por encima de países centroamericanos, que podríamos pensar tienen niveles más altos de violencia. Hace poco conversé con oficiales de la policía, quienes argumentaban que esta alta percepción de inseguridad no se condecía con la realidad y que se debía a la cobertura de los medios de comunicación que inflaban este tema. La realidad de los datos desbarata ese argumento. Cuando se les pregunta a los peruanos si han sido víctimas de un acto delincuencial en los últimos 12 meses, la imagen que aparece es desoladora. El Perú tiene el triste privilegio de tener la tasa más alta de victimización por delincuencia en la región. Los medios están plagados de crónica roja porque así está nuestra situación. 

Ante esta perspectiva, es más preocupante aun que los peruanos confíen poco en los canales institucionales para combatir este flagelo. Por ejemplo, el 70% tiene poca o nada de confianza en que el sistema de justicia castigue a los culpables de un delito. Los ciudadanos peruanos piensan que la solución a este problema es la mano dura, lo que implica la intervención de las Fuerzas Armadas, el endurecimiento de los castigos, y en un extremo una mayor justificación a un golpe militar en caso la delincuencia se salga de las manos. 

En el 2011 elegimos a un presidente ex militar que prometió que la inseguridad ciudadana sería prioridad en su gobierno, pero seguimos igual. Han pasado casi cuatro años y las reformas policial y del Poder Judicial apenas gatean. En la próxima campaña, este tema, sin duda, será relevante y si los candidatos hacen eco de la opinión ciudadana, observaremos propuestas de mano dura con la delincuencia. El dilema de los candidatos será ser altavoz de la mano dura y así ganar un poco de favor popular, o proponer soluciones alternativas que no empaten con el humor ciudadano. No faltará quien proponga el endurecimiento de sanciones, hasta llegar a la pena de muerte. Algunos incluso propondrán a los militares patrullar las calles. La confianza ciudadana en las Fuerzas Armadas es alta en comparación con otras instituciones, pero muy baja en comparación con otras Fuerzas Armadas en la región. Estamos en penúltimo puesto, solo superando a Bolivia y Venezuela. Así, encargar la seguridad ciudadana a los militares acaso no sea buena idea. Habría que recordar el desmadre que se armó cuando los militares intervinieron en la lucha contra la subversión. Porque finalmente la derrota de la subversión no fue resultado de la mano dura, sino obra de la inteligencia. Ello expresa que quizá sea también necesario disminuir la delincuencia por esa vía.