Ignorancia y soberbia, por Fernando Rospigliosi

El asesinato de una persona el domingo pasado en un concurrido restaurante de Barranco suscitó declaraciones desafortunadas del ministro del Interior, Daniel Urresti, y del presidente Ollanta Humala.

Urresti, que suele desaprovechar las ocasiones para quedarse callado, dijo una barbaridad: “En un 90%, las víctimas del sicariato son delincuentes. ¿Entonces, a quién debe preocuparle el sicariato tremendamente con esa estadística? Pues a los delincuentes, al poblador común no le preocupa mucho”.

No sé si al común de la gente le inquieta, pero si no es así, el ministro debería interesarse en que sí les preocupe, por varias razones.

Primero, porque muchas personas que no son delincuentes mueren víctimas de sicarios. El jueves mataron a una comerciante, Florinda Romero (35), en la puerta de su casa, en San Martín de Porres de cuatro balazos. Hace un mes asesinaron a balazos a una niña de 10 años en un fallido intento de matar a su padre.

Sin ir muy lejos, el dueño del restaurante donde se cometió el crimen el domingo último recibió un balazo en el brazo. El fotógrafo de El Comercio Luis Choy fue muerto por un sicario.

Segundo, los sicarios ya están siendo usados en la política. En las recientes elecciones varios candidatos –que tampoco eran delincuentes– fueron asesinados. Por ejemplo, Líder Villazana, en Pangoa (Junín), y Marzony Vásquez, alcalde de Amarilis (Huánuco) que postulaba a la reelección. En marzo mataron a Ezequiel Nolasco, opositor al entonces presidente regional de Ancash, César Álvarez.

Si se permite que esto siga así, el crimen organizado avanzará con más fuerza de la que ya tiene en la política, con consecuencias desastrosas para el país.

Tercero, porque el sicariato está indisolublemente vinculado a otro delito que ha crecido sin control en los últimos años, la extorsión, que afecta a taxistas, constructores, comerciantes, etc., a miles y miles de personas en todo el Perú.

La amenaza de los extorsionadores a sus víctimas es enviarles sicarios para hacerles daño.

Cuarto, porque el Estado no puede renunciar al monopolio de la violencia, no puede permitir que el crimen organizado, o cualquier grupo o persona, decida sobre la vida o la muerte de quien sea, honrado o delincuente, hombre o mujer, niño, joven o viejo. Sería institucionalizar la ley de la selva.

El presidente de la República, tratando de arreglar los despropósitos de su ministro, la ensució peor. Dijo dos falsedades monumentales. La primera, que es un problema que viene de décadas atrás. Falso. Esta modalidad delictiva se ha extendido en los últimos cinco o seis años. Antes era excepcional.

La segunda, que es producto de la globalización. Si así fuera, países superglobalizados como Japón o Dinamarca estarían plagados de sicarios. En realidad, son inexistentes en esos países. Sin ir muy lejos, en Uruguay o Chile no existe ese fenómeno.

Las declaraciones de Humala y Urresti son producto de la ignorancia, por un lado, y de su absoluta incapacidad para reconocer errores, por otro lado. En su cuarto año de gobierno, el comandante, y su discípulo, el general, siguen echándole la culpa de sus desaciertos y de la falta de una política de seguridad ciudadana a los gobiernos anteriores y al mundo globalizado.

Un ejemplo atroz de lo que podría sucedernos si la violencia criminal sigue creciendo impunemente es lo que acaba de ocurrir en la ciudad de Iguala, México. Un grupo de sicarios, asociados con policías municipales corruptos, asesinaron a dos estudiantes y a otras cuatro personas que no tenían nada que ver con el asunto. Y secuestraron a 43 estudiantes, que al parecer también fueron exterminados. 

Todo indica que el que ordenó la matanza fue el alcalde, un narcotraficante que llegó al cargo comprando la candidatura al izquierdista PRD, uno de los tres grandes partidos mexicanos, y que ahora está prófugo. Los muchachos de ese centro de estudios eran críticos del alcalde.

Si dejamos que la violencia y el sicariato sigan propagándose, podemos estar mirándonos en el espejo mexicano más pronto de lo que creemos.

Felizmente, no todos en el Perú asumen con despreocupación esos temas como Humala y Urresti. En la CADE de noviembre, este será uno de los problemas centrales a discutir, sobre todo proponiendo alternativas para combatir el delito, el crimen organizado y el sicariato.