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La necesidad de reconocer legalmente la propiedad de los pobres y marginados del mundo es aceptada por la mayoría de economistas y expertos en desarrollo. La propiedad privada es la esencia de cualquier economía moderna, y la titulación empodera al propietario, dándole dominio sobre lo suyo y la capacidad de ser más productivo dentro de la economía formal.
A pesar del consenso al respecto, las tierras y las propiedades de miles de millones de personas en el mundo en desarrollo siguen estando en la informalidad. A diferencia de la mayoría de los países pobres, el Perú ha titulado millones de lotes en zonas urbanas y rurales. Aun así, la falta de titulación sigue afectando a millones de peruanos.
Tal como explican Peter Schaefer y Clay Schaefer, en un estudio nuevo del Instituto Cato, una razón por la que ha habido tan poco avance en formalizar terrenos alrededor del mundo es porque poderosos intereses lo bloquean a favor del statu quo. Los gobiernos y las agencias de ayuda externa han gastado miles de millones de dólares en proyectos de formalización que han sido manipulados por las élites y que han producido magros resultados.
Los autores proponen una solución innovadora a ese problema: que individuos en comunidades pobres puedan usar un aparato GPS de mano, que es barato y sencillo de manejar, para mapear sus terrenos y documentarlos en un registro informal de la comunidad que luego sea publicado en Internet. Como es bien sabido, la propiedad de cada quien es típicamente reconocida dentro de una comunidad, por lo que las potenciales disputas limítrofes no serían un mayor problema y los incentivos a resolverlas serían altos.
Este sistema ya se está usando en partes de la India y África, donde, sin esperar a las autoridades, distintas comunidades han creado registros que reflejan la realidad y el consenso comunal. Una ONG en la India (conocida como ARCH, por sus siglas en inglés) ha registrado de esta manera unos 30.000 lotes en más de 300 aldeas en áreas tribales del estado de Gujarat. A diferencia de lo que ocurrió cuando dependían únicamente de las autoridades, esta estrategia ha resultado en que ya se han otorgado títulos, y la ONG espera que el 80% de los que lo esperan lo recibirán.
Crear un registro informal accesible al público incrementa la seguridad de la propiedad privada porque brinda información importante a los vecinos, los inversionistas, las empresas multinacionales y los gobiernos a quienes les será mucho más difícil ignorar tal realidad. Y políticamente facilita el poder de la gente pobre de negociar con las autoridades para obtener su titulación, así como está ocurriendo en la India.
Esta idea se podría implementar en el Perú. Ayudaría a acelerar la titulación y resolver los problemas sociales y ambientales que produce su ausencia.
La deforestación es un ejemplo. Al no tener derechos de propiedad claros, no hay incentivos para cuidar los bosques y reforestar, como ocurre en los países ricos que protegen la propiedad privada. Jaime de Althaus observa que de los 9 millones de hectáreas deforestadas, el 82% “está en manos de posesionarios sin título y en menor medida del Estado y de comunidades nativas”. Al no tener derechos de propiedad sobre sus territorios, las comunidades indígenas no pueden defender los bosques de la deforestación. De Althaus sugiere un programa de titulación para proteger los recursos e incentivar la reforestación.
Las autoridades parecen no estar preparadas ni urgidas para atender este problema. La tecnología GPS puede acelerar la resolución de este y otros problemas relacionados a la propiedad informal.
