Durante su participación en CADE Ejecutivos 2023, el ministro de Economía y Finanzas, Alex Contreras, llamó a los empresarios presentes a “parar con este pesimismo absurdo que está generando retrasos al país”.
Podemos coincidir en que es necesario que las negativas expectativas empresariales se reviertan para que se pueda incrementar la inversión privada y se dinamice la economía, pero calificar de absurda esa desazón implica desconocer que existen fundamentos sólidos y racionales para esa falta de esperanza.
Hay, por supuesto, elementos ajenos al gobierno como el fenómeno de El Niño, que pende sobre la economía peruana como una espada de Damocles.
Pero otros factores sí están directamente relacionados con las decisiones y las prioridades del Ejecutivo, y algunos de estos fueron presentados al primer ministro Alberto Otárola por Álvaro Correa, vicepresidente de la Confiep, en la primera jornada de CADE Ejecutivos.
Correa mencionó, por ejemplo, la falta de un giro claro respecto de la agenda laboral del gobierno de Pedro Castillo, la poca voluntad para reponer la Ley de Promoción Agraria, así como la inmovilidad y las trabas del aparato estatal.
Pero tal vez la señal más preocupante ha sido la decisión del gobierno de otorgarle a Petro-Perú por dos años –o hasta que se firme contrato con otro operador– la operación del lote ‘offshore’ Z-69 (antes Z-2B). El riesgo aquí es que la petrolera estatal no solo es un agujero negro de recursos financieros, sino que, además, carece de capacidad y experiencia operativa extrayendo petróleo y gas del zócalo marino.
Efectivamente, cualquier desatención en el mantenimiento de las tuberías o de las más de 70 plataformas marinas podría generar un desastre ambiental en el litoral de Talara, Paita y Sechura (en Piura), y afectar otras actividades como la pesca artesanal.
Otárola no tuvo una respuesta clara para ninguna de esas preocupaciones, hasta que, presionado, respondió que Petro-Perú debería tener un directorio profesional y estar alejado de las decisiones políticas, un discurso claramente contrario a la decisión tomada esta semana.
Este caso es emblemático, además, porque los dos representantes del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) en el directorio de Perú-Petro se opusieron a la firma del contrato con Petro-Perú para la operación de este lote, pero no pudieron contra la convicción de los dos delegados del ministro de Energía y Minas, Óscar Vera, y de la presidenta de Perú-Petro, Isabel Tafur, que, hay que decirlo, sobrevive en ese puesto desde el gobierno de Castillo.
Si el MEF no puede evitar un despropósito de esta dimensión, ¿cómo pretende que confiemos en su capacidad para implementar la larga lista de medidas que se requieren para reactivar la economía?
Si en el manejo de dos sectores tan relevantes como el minero y el energético no se nota un giro claro frente al esperpéntico gobierno anterior, ¿cómo fiarnos de su discurso a favor de la inversión privada?
Aquí la única expectativa absurda, lamentablemente, es pretender que solo con palabras desafiantes se puede acabar con el pesimismo del sector privado.
*La autora fue maestra de ceremonias en CADE Ejecutivos 2023.