Olvidos y facilismos que preocupan

Los discursos presidenciales de 28 de julio suelen ser una formalidad. Como tal, pueden estar libres de los rigores de un balance minucioso, así como de la exigencia de soluciones de largo aliento. No obstante, generan preocupación cuando soslayan problemas urgentes o cuando anuncian salidas facilistas para problemas muy complejos.

En el reciente discurso de la presidenta Dina Boluarte hubieran sido bienvenidas, por ejemplo, mayores precisiones respecto de los desafíos de la seguridad alimentaria de amplios sectores de la población, así como una mayor hondura en cuanto a los efectos del cambio climático y el fenómeno de El Niño.

En una publicación del Centro Peruano de Estudios Sociales, Fernando Eguren, especialista en temas agrarios, hace un resumen crítico de graves omisiones, como la agricultura familiar, carente de mención a pesar de que “aporta cerca del 60% de los alimentos que se consumen en el país”. No aparecieron tampoco los campesinos ni las comunidades. Según puntualiza Eguren, “se menciona la ganadería una sola vez, en el contexto que será beneficiaria de Chavimochic”. La crisis alimentaria tampoco mereció mención alguna; tanto así, que, como indica Eguren, la palabra ‘alimentario’ se escuchó solo una vez, y en relación con el programa Qali Warma.

En cuanto al cambio climático, nuevamente cabe la sorpresa de su no existencia en el discurso; algo que Eguren califica como “gravísimo, por los impactos que ya causa a la producción agraria y a la difusión de enfermedades y pestes”. Por último, en el tema ambiental no hubo alusión alguna a “la deforestación de la Amazonía, que avanza entre 150 mil y 200 mil hectáreas anualmente”. El riesgo, como afirma Eguren, es que la política agraria termine siendo, una vez más, “un plan de bonos y ayudas de emergencia y coyunturales”.

En cuanto a la seguridad, no pueden tildarse sino de facilistas las medidas anunciadas por la presidenta, como la creación de una “Policía de Orden” y la delegación de facultades legislativas a fin de “enfrentar, con mayor dureza y eficiencia, a la delincuencia y la criminalidad”. Pero no solo son facilistas: suelen ser, también, inútiles. Forman parte de un cierto “fervor punitivo”, una calificación de Alberto Vergara contenida en su prefacio al libro de Lucía Dammert “Contra el populismo punitivo” (Lima, 2022, ed. Planeta), en el que el politólogo también recoge un apunte de la autora: “Entre 1991 y el 2013 […] el Código Penal se modificó 481 veces, la mayoría de ellas para incrementar la severidad de las penas. Pero el fervor punitivo no ha traído resultados que saludar”.

En su breve texto, Dammert resume las propuestas privilegiadas por la tendencia que ella califica como populismo punitivo; en cuanto a la seguridad y el crimen, “más allá de la pena de muerte, son tres los temas centrales […]: mano dura para los delincuentes; participación de las fuerzas armadas en el combate contra la delincuencia; y deportación de migrantes”. Según la socióloga, “la evidencia muestra que ninguno de estos temas es efectivo, eficiente, o siquiera útil para enfrentar la criminalidad en sus múltiples dimensiones”, algo que ella patentiza en su propio texto.

Dada su baja popularidad, es difícil para este gobierno articular iniciativas gubernamentales con políticos serios, especialistas y organizaciones de la sociedad civil. Aún así, sortear los problemas complejos obviándolos, u optando por salidas cortoplacistas y de supuesto impacto en la opinión pública puede generar efectos negativos y, sobre todo, un mayor escepticismo entre la población en cuanto a las bondades de las soluciones alcanzadas en democracia.