El domingo cayó una bomba sobre la campaña fujimorista. En una entrevista, un informante de la DEA (la agencia antinarcóticos norteamericana), reveló que Joaquín Ramírez, secretario general de Fuerza Popular, le confesó que había lavado 15 millones de dólares que le habría entregado la misma Keiko Fujimori. Desde las redes sociales, la defensa fujimorista insinúa que Pedro Pablo Kuczynski habría organizado la denuncia en su viaje a Estados Unidos. El mismo Ramírez ensayó una enredada respuesta el día que fue revelada la entrevista, tratando de descalificar al informante.
Sin embargo, hay voces, como la de Luz Salgado, que intentan minimizar la revelación diciendo que la denuncia no es sólida porque el informante solo declara lo que Ramírez le contó, pero no ofrece la prueba definitiva; es decir, no entrega el audio, que se supone está en posesión de la DEA. En resumen, si no hay audio, no hay nada: audio manda.
El pedir la prueba definitiva para validar una denuncia es una herencia más del fujimorismo, en particular de la caída de Alberto Fujimori. La oposición a Fujimori y las marchas estudiantiles crearon el caldo de cultivo, pero se necesitó un video donde el ciudadano pudo ver a Montesinos entregando fajos de dinero a Alberto Kouri para que cayera finalmente el régimen que buscaba la segunda reelección.
Desde aquella vez, la opinión pública necesita ver para creer en una denuncia. La frase “videíto manda” se ha popularizado desde entonces. Si no aparece este tipo de prueba, entonces cunde el escepticismo y la denuncia podría hundirse en múltiples versiones, afirmaciones y contradicciones (o simplemente caer en el olvido sin las consecuencias esperadas).
Pero la justicia no debería necesitar pruebas definitivas. El método judicial trabaja sobre la base de la acumulación de evidencia. Un claro ejemplo es el mismo juicio a Fujimori, donde se le condenó a través de diversos indicios y evidencias, sin encontrar un audio o video donde se le vea cometiendo un delito. De hecho, hasta ahora hay defensores que piden el video definitivo para condenarlo.
Desde esta perspectiva, la denuncia contra Ramírez no es meramente una afirmación de “tal me contó”, como si fuera un mero chisme, sino que detrás hay otros elementos que la respaldarían. Por ejemplo, el congresista Ramírez ya ha sido denunciado anteriormente por lavado de activos y la fiscalía ha pedido el levantamiento de su secreto bancario, tributario y bursátil.
La misma denuncia también ofrece elementos para validarla. Por ejemplo, ¿dónde están los grifos comprados con el dinero entregado? Si se comprueba la compra de los grifos, la denuncia de lavado de dinero cobraría más verosimilitud.
De otro lado, no se trata solamente de la declaración de una persona, sino de una investigación de la DEA, que ha sido revelada por un periodista latino especializado en temas de corrupción y narcotráfico y premiado en Estados Unidos, nada menos que con el premio Pulitzer.
Esta revelación va a tener sin duda efectos en la campaña presidencial. La magnitud, sin embargo, puede variar. Si aparece el audio, la denuncia se convertiría en una bomba nuclear para la campaña de Keiko Fujimori. Si aparecen los grifos comprados, la denuncia sería una bomba letal.
En estos momentos la denuncia es una bomba en cuenta regresiva. Pero para efectos de los resultados finales, podría bastar la denuncia –sin audio de por medio– para sacar ese pequeño margen de diferencia que definiría la elección a favor de Kuczynski. La reacción de la tienda fujimorista no está ayudando a controlar el daño. Keiko Fujimori reaccionó airadamente y se victimizó, sin deslindar completamente de su congresista acusado. Alguien de su círculo interno debería decirle que en estas circunstancias “explicación manda”.