Alerta con la contrarreforma política, por Fernando Tuesta Soldevilla

Finalmente, el pleno del Congreso de la República cerró una puerta, pero dejó abierta una ventana que puede ser peligrosa en relación con la modificación de las normas electorales: el dictamen que contó con el decidido apoyo de Fuerza Popular, Avanza País, Renovación Popular y Podemos Perú. En resumen, dicha iniciativa, que cancelaba las elecciones primarias, retiraba los requisitos mínimos de participación y eliminaba, casi por completo, los umbrales para mantener la inscripción de los partidos políticos y movimientos regionales, fue rechazada gracias a los votos de las otras cinco bancadas, siendo las de Acción Popular y Alianza para el Progreso las que inclinaron la balanza.

Algunas de las pocas reformas que se habían aprobado eran las referidas a la inscripción y cancelación de los partidos, así como la correspondiente a la democracia interna. El dictamen de la Comisión de Constitución perforaba lo central de los objetivos de dichas normas. El argumento, sin mostrar evidencia alguna ni contar con el respaldo de opiniones de los organismos electorales o del Ministerio de Salud, era que las elecciones constituían un alto riesgo para la población, pues impactaban negativamente en el nivel de contagios y el costo para el erario público era alto e “innecesario”.

Pedir que se suspendan las primarias abiertas simultáneas y obligatorias (PASO) por el temor al COVID-19 es un pretexto, pues en el mundo y, particularmente en América Latina, se han realizado elecciones sin consecuencias en la salud pública y están programadas muchas más hasta diciembre. Si fueran coherentes con sus propuestas, deberían suspender las elecciones regionales y municipales, pero obviamente no lo harán. Por otro lado, a inicios del próximo año, la gran mayoría de electores estarán vacunados, cosa que no ocurrió el 11 de abril y el 6 de junio de este año y, en ambas ocasiones, ningún partido dijo nada en relación a la pandemia.

Lo que quieren es deshacerse de las PASO porque estas trasladan la decisión de la selección de candidatos del dueño o jefe del partido hacia la ciudadanía. Eso es perder poder. Se han realizado elecciones y se han programado otras en este año, solo en América Latina, en Ecuador, El Salvador, Bolivia, Chile, México, Honduras, Argentina y el Perú (abril y junio), así como en Paraguay, Nicaragua y Honduras. Ninguna se ha postergado. Pero, además, al retirar los requisitos exigibles de participación para los partidos políticos y movimientos regionales, lo único que va a ocurrir es mantener vigentes a cascarones y “vientres de alquiler”, vehículos de la mercantilización de la política. Ya a nivel de los partidos políticos, estos se redujeron de 25 a solo nueve y, en estos días, se ha sumado Frente Esperanza, de Fernando Olivera. Lo mismo debía ocurrir con los 161 movimientos regionales, en donde la existencia de muchos es meramente formal.

Pero este Congreso, como los otros, está plagado de personajes con intereses particulares y mercantilistas. Varios, incluso, tienen vínculos o proceden de movimientos regionales. Todo parece indicar que el apoyo para eliminar las PASO tenía su compensación en no perder la inscripción de los movimientos regionales. El resultado habría sido el de elecciones internas con baja participación, como ocurrió con la última realizada el año pasado (4,8%), menor legitimidad de las candidaturas y mantención con registro legal de organizaciones que canalizan la mercantilización de la política. Sin embargo, si bien el dictamen ha sido rechazado, se ha postergado la fecha límite para modificar las normas electorales y no sería raro que una nueva propuesta nazca del seno de la misma Comisión de Constitución. Hay que estar atentos contra todo intento de la contrarreforma política.