Editorial: Justificación mínima

Mañana vence el plazo de cuatro meses para que el Consejo Nacional del Trabajo (CNT) pueda encontrar consensos entre el sector empresarial, las centrales sindicales y el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) en torno a un eventual aumento de la remuneración mínima vital (RMV). Se alcance el consenso o no, el MTPE tomará una decisión al respecto a finales de mayo.

Esta disposición del MTPE tiene consideraciones de forma y fondo que vale la pena comentar en detalle. Respecto de la forma, se ha hecho notorio el desorden y la arbitrariedad con los que las decisiones sobre la RMV se toman. Como se recuerda, los últimos dos incrementos se dieron durante los últimos días de gobierno del presidente Ollanta Humala y del presidente Pedro Pablo Kuczynski, en contextos en los que ambos mandatarios buscaban mayor capital político. Con ello, los últimos cambios en la RMV habrían devenido en herramientas útiles a la mano de un político necesitado antes que en pisos salariales debidamente justificados.

Sobre esta última justificación, además, existe poco consenso. Así, no solo la regularidad del ajuste de la RMV queda a discreción de la autoridad, sino que el propio cálculo del potencial incremento –basado en parte en productividades laborales poco claras– es también materia de libre interpretación entre los gremios empresariales, los sindicatos y el propio gobierno. El MTPE ya ha mencionado que darles certidumbre, predictibilidad y objetividad a los cambios del salario mínimo será prioridad, pero no es la primera vez que se hace esta oferta. Y, hasta ahora, la utilización política del RMV sigue tan vigente como antes.

Respecto del fondo, ¿qué motiva, exactamente, que parezca, desde un punto de vista económico, una buena idea subir el salario mínimo en esta coyuntura? Ciertamente no la inflación, que se mantiene entre las más bajas de la región. Tampoco el tibio mercado laboral, que desde hace cinco años no puede reducir la tasa de informalidad ni crear suficientes empleos formales siquiera para los jóvenes que se unen cada año a la PEA. Ni menos aun mejoras en la productividad laboral, que también aparece estancada. Si se tomase la decisión del subir la RMV, el MTPE tendría una difícil tarea en elaborar una justificación técnica convincente.

De hecho, el BCRP señaló el año pasado que, con el actual nivel de S/930 mensuales, la RMV “representa alrededor del 62% del ingreso medio. Este nivel es considerablemente mayor al observado en Colombia, Chile, México y otros países de la OCDE”, lo que desincentiva la creación de empleo. Al mismo tiempo, y en línea con el sentido común, el ente emisor apuntó que “un incremento de 10% de la RMV podría aumentar la informalidad en 1,9%”, y que “un alza en la RMV reduciría los incentivos de los empleadores a formalizar a sus trabajadores”.

De darse el aumento de la RMV, no sería la primera vez que el presente gobierno cede ante presiones de índole laboral. Ya el Ejecutivo decidió esquivar la responsabilidad en la ampliación del régimen agrario, y, recientemente, transfirió el encargo de reforma laboral de su propio Plan de Competitividad y Productividad al CNT, en una velada manera de desentenderse del asunto o de garantizar que poco se lleve a cabo, pues esa instancia de discusión difícilmente sea proclive a proponer medidas necesarias pero poco populares.

Si el objetivo es mejorar los ingresos de los trabajadores, el único camino es aumentando su productividad de manera sostenida, y a eso debe abocarse la política pública. Atajos injustificados, como el que debate hoy, no hacen sino seguir erosionando las bases del mercado laboral para canjearlas por aplausos efímeros e intrascendentes, como otros presidentes han ya atestiguado.