Editorial: Una apuesta firme

Es difícil encontrar un solo análisis serio sobre la competitividad y productividad del Perú que no cite la rigidez del mercado laboral –y su consecuente informalidad extendida– como una de las barreras que impiden el desarrollo del país. Una nación que no puede aprovechar adecuadamente su activo más importante –la capacidad productiva de sus ciudadanos– es una que compite con ambas manos atadas a la espalda.

Por eso creó expectativa el anuncio del presidente Vizcarra durante la última edición de CADE respecto a la necesidad de una reforma laboral. En concreto, el mandatario señaló: “Uno de los factores que eleva la informalidad es el alto costo laboral no salarial, que triplica el de los pares de la Alianza del Pacífico. Ante tal realidad, se opta por los contratos temporales que dificultan la experiencia de mejora”.

El cálculo en la comparación con los países de la Alianza del Pacífico no es exacto –en el Perú los sobrecostos del régimen general superan el 50%, mientras que en los otros países de la alianza el promedio está más cercano al 40%–, pero la preocupación del presidente tiene asidero. Según la Cámara de Comercio de Lima, “además del pago por el trabajo efectivo, el empleador debe aportar adicionalmente el 60% de la remuneración para cumplir con lo establecido en la regulación laboral”. Sobre todo en los niveles más bajos de ingresos, estos pagos o costos adicionales al sueldo base (CTS, gratificaciones, vacaciones, seguro de salud, entre otros) hacen más atractiva la informalidad para varios trabajadores y empleadores.

Llama mucho la atención, en ese sentido, el aparente retroceso del Ejecutivo a encarar este asunto, más aún si fue el propio presidente Vizcarra quien lo puso sobre la mesa. En los últimos días, el mandatario, el primer ministro César Villanueva y el ministro de Economía Carlos Oliva han coincidido en explicar que la reforma que ellos impulsarán “no recortará los derechos laborales”. “En un proceso de reforma laboral, ni remotamente se puede pensar en quitar beneficios a los derechos ya adquiridos de los trabajadores”, precisó enfáticamente el primer ministro esta semana. Cómo atender la preocupación inicial del presidente por los sobrecostos laborales si estos no se pueden repensar “ni remotamente” queda poco claro.

Una manera complementaria –y quizá aún más relevante– de enfocar la reforma laboral es la esbozada por el ministro Oliva durante una reciente entrevista. Oliva indicó que el Ejecutivo está interesado en revisar las reposiciones judiciales y que “tener varias indemnizaciones ante un despido no es lo más apropiado”. De hecho, es esta dificultad para separar trabajadores contratados a plazo indeterminado la principal causa del incremento de los contratos temporales a los que aludía el presidente, más que los sobrecostos laborales.

El rango de acción del Ejecutivo en este aspecto, sin embargo, es limitado. Como el propio ministro reconoce, el fallo del Tribunal Constitucional (TC) que establece la reposición laboral como “compensación adecuada al despido arbitrario” es la raíz del problema, y frente a ello es poco lo que el Gabinete puede hacer de manera directa en tanto el TC mantenga su posición. De acuerdo con Grade, esta interpretación constitucional habría costado ya 930 mil puestos de trabajo con contratos permanentes adicionales y S/6.000 millones anuales en pérdida de ingresos para los trabajadores.

¿Cuál será entonces la ruta que tomará el Ejecutivo para corregir las enormes distorsiones autoinfligidas en el mercado laboral que explican en buena cuenta que la mayoría de la población trabaje hoy en el sector informal? El panorama es aún incierto, pero lo seguro es que requerirá decisión política firme y capacidad de persuasión y negociación para avanzar. Las declaraciones del presidente y del ministro Oliva, aunadas a la renuncia de un ministro de Trabajo poco amigable a propuestas de flexibilización laboral, apuntaron inicialmente en la dirección correcta. No es momento de perder el camino.