Durante año y medio de gestión, el gobierno del expresidente Pedro Castillo habituó a la ciudadanía a esperar engaños de parte de su administración. Pero posiblemente ninguno fue tan grosero y absurdo como el que intenta promover hoy desde su defensa legal.
En concreto, para debilitar el argumento de la fiscalía respecto de su alto riesgo de fuga, el exmandatario niega que haya solicitado asilo a México a través de su embajada en el Perú. La aseveración es francamente ridícula. Dos horas después de su fallido golpe de Estado, Castillo fue detenido en flagrancia por la policía en medio de su intento por llegar a la Embajada de México, maletas de mudanza incluidas. En su versión, él no buscaba asilarse, sino tan solo acompañar a su familia a la sede diplomática. Luego, por supuesto, él regresaría para liderar heroicamente la resistencia popular.
Documentos y afirmaciones públicas de los mismos días hacen el cuento todavía más inverosímil. El mismo 7 de diciembre, el entonces abogado de Castillo, Víctor Pérez, solicitó asilo para su patrocinado mediante una carta dirigida al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO). El propio canciller mexicano, Marcelo Ebrard, hizo pública la carta, y AMLO confirmó en conferencia de prensa al día siguiente que Castillo buscaba asilo en su embajada. Hoy, el nuevo abogado de Castillo, Luis Walter Medrano, desconoce la carta y niega que su cliente conozca a Pérez, a pesar de que aparecieron juntos en la defensa del exmandatario al día siguiente de su detención. Juan Carlos Checkley, el juez que participó en esa audiencia y vio a Castillo con Pérez es el mismo que ahora debe resolver sobre la afirmación de Medrano respecto de que Castillo no conoce a Pérez. El chiste se cuenta solo.
La cercanía con el gobierno de AMLO sigue alcanzando, sin embargo, a su familia. Fuentes mexicanas señalan que Lilia Paredes, esposa de Castillo, y su familia reciben US$10.000 mensuales y seguridad personal de parte del Gobierno Mexicano. Al respecto, la Secretaría de Relaciones Exteriores mexicana indicó a El Comercio que “en los expedientes que obran en sus archivos” no encontraron información sobre si Paredes recibe ayuda económica de su gobierno. En marzo del 2023, el Ministerio Público solicitó prisión preventiva para Paredes y dos de sus hermanos, pero esta fue desestimada por el Poder Judicial. Paredes permanece como investigada.
El descaro de Castillo para negar su pedido de ayuda y asilo al Gobierno Mexicano es notable, incluso para sus estándares. Si bien es cierto que la excepcional rotación de abogados que lo ha representado (26 letrados desde el 7 de diciembre del 2022) hace difícil mantener líneas de defensa legal coherentes, negar hechos registrados, documentos y hasta abogados previos lleva al límite lo que puede permitir el sistema de justicia.
A la fecha, Castillo no ha demostrado ningún indicio de arrepentimiento por lo que intentó hacer en diciembre del 2022. Su estrategia ha ido cambiando mes a mes, pero básicamente consiste en desestimar cada suceso de aquel día, aún si estas múltiples patrañas son contradictorias entre sí o pueden ser fácilmente desmentidas. Pero quizá sea mejor que la historia política lo recuerde precisamente así: como una persona sin la capacidad para poner sus propios argumentos en orden y sin el coraje mínimo para aceptar sus acciones.