Terremoto en el Ministerio Público

La divulgación de unos chats entre Jaime Villanueva Barreto, asesor de la fiscal de la Nación Patricia Benavides, y un congresista de identidad todavía no establecida han provocado un auténtico terremoto en el Ministerio Público.

Los mensajes, dados a conocer, entre otros, por la Unidad de Investigación de este Diario, tienen que ver con coordinaciones entre los referidos personajes a fin de dirigir los votos de un grupo de parlamentarios con relación a tres asuntos de gran importancia: el intento de remover a los miembros de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), la elección de Josué Gutiérrez como defensor del Pueblo, y la inhabilitación de la ex fiscal suprema Zoraida Ávalos. Los legisladores mencionados por Villanueva en los chats, por otra parte, son Patricia Chirinos (Avanza País) y César Revilla (Fuerza Popular), aparte de una referencia imprecisa a representantes de Somos Perú, a cuatro ‘Niños’ (presumiblemente de Acción Popular) y a la congresista María Cordero.

Ante lo ocurrido, algunas conclusiones son claras. En primer lugar, la señora Benavides no puede continuar a cargo del Ministerio Público. Ayer tendría que haber dado un paso al costado. Que ella y sus asesores estén implicados en una investigación por presunta organización criminal ya es suficiente para demandar su salida. Pero que haya retirado a la fiscal Marita Barreto de la labor que venía realizando (a través de una resolución firmada, para más luces, a la 1 de la mañana) sugiere también una obstaculización de la justicia. Ya en nuestro editorial del último domingo llamamos la atención sobre las sospechosas investigaciones en la Autoridad Nacional de Control (ANC) del Ministerio Público que Barreto enfrentaba por los viajes –autorizados por la propia Benavides– a Estados Unidos y República Dominicana para llevar adelante diligencias vinculadas al Caso Sada Goray. También desde hace semanas este Diario viene alertando sobre recortes de personal y procesos disciplinarios en las oficinas de fiscales que investigan casos emblemáticos como Lava Jato, Los Cuellos Blancos del Puerto, los aportes a Perú Libre y Alas Peruanas. ¿Por qué Benavides ha permitido que se perjudiquen procesos tan importantes?

Por eso, la segunda conclusión es que se debe proteger tanto a Barreto como a los coroneles Harvey Colchado y Walter Lozano de la PNP. Recordemos que tanto el Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder como la Diviac son los responsables de los allanamientos que se han cumplido desde la madrugada del lunes a las oficinas y domicilios de los tres asesores de Benavides implicados en el caso: el propio Villanueva, Abel Hurtado Espinoza y Miguel Ángel Girao Isidro.

Asimismo, Josué Gutiérrez debería renunciar a la Defensoría del Pueblo. Los chats revelados demuestran que su nombramiento –sospechoso desde el principio por su poca idoneidad para el cargo– respondió, en buena medida, a una negociación entre Villanueva (actuando presumiblemente a nombre de Benavides) y un número significativo de parlamentarios.

Otras dos conclusiones son que el proceso en contra de la JNJ no tiene asidero (y, por lo tanto, debería ser dejado de lado) y que la destitución de Zoraida Ávalos como fiscal suprema respondió a cabildeos políticos antes que a argumentos válidos. Esto, más allá de que la imagen de santa que hoy se le quiere dar no se corresponda con la realidad.

Por último, los legisladores implicados en las negociaciones hechas ahora de conocimiento público tendrían también que enfrentar las responsabilidades derivadas de su forma aviesa de actuar. Particularmente, los llamados ‘Niños’, que habrían negociado sus votos a cambio del archivamiento de sus carpetas fiscales: una variante del mismo cambalache de respaldo en el Congreso por privilegios non sanctos por el que se los investigaba en origen.

En un acto que parece motivado por la desesperación, la señora Benavides denunció ayer ante el Congreso a la presidenta Dina Boluarte y al jefe del Gabinete Alberto Otárola por las muertes y las lesiones durante las protestas. Se trata de hechos que sin duda deben investigarse, pero que la fiscal de la Nación pueda estar utilizándolos para fines personales es cuando menos cruel.

Aquí no cabe hablar de derechas ni de izquierdas; el terremoto que sacude al Ministerio Público y cuyas reverberaciones impactan en otras instituciones traerá cola en los próximos días. Pero, por lo pronto, los hechos demandan la salida de la fiscal de la Nación. Su continuidad es insostenible.