No son asuntos menores

Ayer, Nicanor Boluarte, el hermano de la presidenta, fue detenido de manera preliminar por 10 días por el Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder (Eficcop) con autorización del Poder Judicial. A él se le atribuye ser el cabecilla de una supuesta organización criminal denominada Los Waykis en la Sombra que habría utilizado su influencia para designar prefectos y subprefectos en todo el país con miras a lograr la inscripción del partido político Ciudadanos por el Perú. En el operativo también fue detenido el abogado de la mandataria, Mateo Castañeda, señalado de haber hecho ofrecimientos ilícitos a dos policías para lograr el archivo de esta investigación.

Si bien en cualquier parte sería preocupante que un familiar y el abogado de quien lleva las riendas del país hayan sido detenidos por una trama criminal, en este caso en particular los sucesos adquieren otro matiz, pues apenas en la víspera el Gobierno había decidido desactivar al equipo especial de policías que participaron en las capturas. Una concatenación de hechos que solo puede leerse como un intento desesperado por tratar de evitar las detenciones de los anteriormente mencionados. Máxime cuando la argumentación esgrimida para desmantelar el grupo policial fue la de una supuesta duplicidad de funciones que debemos suponer que nadie en el Ejecutivo había advertido en los últimos 17 meses –el equipo especial existe incluso desde antes de que Dina Boluarte se convirtiese en presidenta– y que recién notaron la noche previa al operativo. Por lo pronto, el Ministerio Público ya le abrió una investigación a la mandataria y a su ministro del Interior, Walter Ortiz, por este tema.

Como es evidente, además, con su decisión el Gobierno no solo ha tratado de entorpecer las investigaciones contra Nicanor Boluarte y sus presuntos cómplices, sino que de paso ha terminado afectando otros casos en los que la unidad ahora desactivada venía prestando apoyo, como aquellos que implican a la suspendida fiscal de la Nación Patricia Benavides y a los expresidentes Martín Vizcarra y Pedro Castillo, con los que hemos tenido largas discrepancias y que han dejado un legado nefasto en nuestra institucionalidad. Solo basta con recordar que en enero este equipo apoyó en la detención preliminar de una serie de exfuncionarios de Provías Descentralizado en la trama conocida como Los Intocables de la Corrupción, en la que se investigan presuntos actos de corrupción cometidos durante la presidencia del exgobernador regional de Moquegua.

Sobre Nicanor Boluarte, por lo demás, hay que mencionar que los indicios en su contra son bastante conocidos desde hace un tiempo gracias a la labor de los medios de prensa, por lo que no caben aquí supuestas teorías de un operativo fiscal y policial para tumbarse al Gobierno. La que, más bien, siempre ha intentado pasar por agua tibia las denuncias contra su hermano ha sido la presidenta, que ha llegado a decir que este “está en libertad de recibir a quien se le pegue la gana”, luego de que se conociera que un alcalde de un pequeño distrito que lo había visitado en su domicilio vio luego cómo el Gobierno autorizaba una transferencia millonaria a favor de su municipio.

Al desactivar al equipo de policías que ha detenido a su hermano, además, queda claro que el discurso anticorrupción que Dina Boluarte ha tratado de enarbolar desde su llegada al poder como una forma de distanciarse de su antecesor no son más que palabras y que, por el contrario, entre ambos parece haber más semejanzas que diferencias.

Ayer, la presidenta volvió a aparecer en público luego de varios días para afirmar que seguiría trabajando sin distraerse en “asuntos menores”. Pero ni la captura de su hermano ni la decisión de su administración de desactivar el equipo especial de la policía que participó en esta son nimiedades. Ya es momento de que salga a dar respuestas claras y deje de lado el libreto de la victimización que tanto le gustaba también a su otrora compañero de fórmula.