Editorial: La afrenta amplia

Que la contratación de la condenada por terrorismo Nancy Madrid como asistente del despacho de la congresista María Elena Foronda fue un desaguisado que acarreará graves consecuencias políticas es un hecho que ya ni siquiera la referida legisladora se atreve a negar.

“Yo reconozco que ha sido un error político de mi parte”, es lo último que ella ha dicho al respecto, después de haber pasado por las fases de negarse a declarar ante quien lanzó originalmente la denuncia (el programa dominical “Panorama”) y de aludir al trance con el circunloquio: “un lamentable desacierto al confiar solo en la evaluación formal de parte del Congreso de la República”.

En la bancada del Frente Amplio (FA) –a la que ella pertenece–, han utilizado, por otra parte, un lenguaje un poco más severo para calificar lo ocurrido. Marco Arana, líder de ese conglomerado, ha hablado de un “tremendo error”. Y ha tratado además de librar a su organización de todo contagio con la actitud contemplativa de Foronda frente al terrorismo, sugiriendo que le corresponde a ella asumir toda la responsabilidad.

Las cosas, sin embargo, no son tan sencillas. Primero, porque la contratación de una persona que, como Nancy Madrid, estuvo directamente relacionada con los secuestros que perpetró el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA) en una de las instituciones que representa a la democracia en el país es mucho más que un ‘error’. Es una afrenta a las víctimas directas e indirectas de esos actos terroristas, y a la ciudadanía en general. Y la circunstancia de que tal contratación no estuviera prohibida por la ley no cambia un ápice el agravio moral que entraña.

Segundo, porque, como hemos señalado con insistencia, esta disposición indulgente hacia quienes formaron parte de las gavillas violentas de la izquierda no es un hecho aislado en el FA. Hace dos días recordamos aquí cómo el congresista Rogelio Tucto pidió recientemente un indulto para Abimael Guzmán y cómo, un año atrás, el legislador Justiniano Apaza barajó la posibilidad de que algunos de los encarcelados del MRTA fueran considerados “presos políticos”. Y eso expresa un problema orgánico y de responsabilidad un poco más difundida de lo que Arana pretende.

Y tercero, porque si se analiza las declaraciones completas de Foronda, el propio Arana y otros integrantes de la bancada sobre el particular, se distingue claramente que las indulgencias continúan.

La parlamentaria Foronda, por ejemplo, en entrevista con este Diario, sostuvo hace tres días que, tras 16 años en prisión, Nancy Madrid fue “absuelta por buena conducta”, cuando lo que en realidad sucedió fue que le redujeron dos años de la condena. ¿Otro error (en este caso de terminología legal)? Puede ser, pero en cualquier caso, un error sintomático, pues sintoniza con el ánimo de absolución que existe en otros juicios suyos sobre la terrorista. “Ella fue sentenciada como perteneciente a esta organización [el MRTA], pero no se le vincula con ningún atentado”, ha dicho en estos días la congresista, por citar un caso, como si ‘atentados’ fueran solo los hechos que supusieran un directo derramamiento de sangre (un asesinato, un coche-bomba con víctimas, etc.), y no crímenes tan vituperables como la tortura de tener a un ser humano secuestrado durante meses en una mazmorra.

“La condena es por colaboración; no dice que ella administraba las ‘cárceles populares’”, ha precisado de manera semejante, por su parte, Marco Arana. Como si lo que importase fuese el cargo que Madrid ocupaba en la organización terrorista y no la naturaleza el delito del que se hizo cómplice. No por gusto, habría que recordarle, se la condenó a 18 años de prisión.

La más vasta de las afrentas, sin embargo, ha sido la de sugerir que la contratación de una condenada por terrorismo en el Congreso es un error “porque el país no está preparado para esto” (una vez más Arana). Como si el problema fuésemos nosotros…

En el FA no solo se equivocaron con relación a Nancy Madrid tiempo atrás y de la manera que ahora reconocen: en realidad, se siguen equivocando.