Final de temporada

Este sábado 15 de junio se termina la legislatura. Por ende, el Congreso tiene apenas cuatro días para definir la suerte de varios proyectos antes de que entre en receso hasta finales de julio. De entre todos ellos, sin embargo, hay uno que destaca porque lleva nada menos que 15 meses esperando que los parlamentarios se decidan a discutirlo en el pleno, pese a que su impacto no sería menor.

Hablamos del dictamen que aglutina a 22 iniciativas y que busca reformar tres artículos de la Constitución (concretamente, el 34-A, el 39-A y el 139) para impedir que quienes hayan sido condenados por “la comisión dolosa” de una serie de delitos (terrorismo, narcotráfico, violación sexual, colusión, peculado, corrupción, homicidio, trata de personas, secuestro, traición a la patria, entre otros) puedan postular a cargos de elección popular o sean designados en cargos de confianza en el Estado hasta por diez años después de haber sido rehabilitados.

Esta reforma tiene un antecedente que vale la pena mencionar. Como se recuerda, en el 2018, el Congreso cambió la ley orgánica de elecciones y otras para proscribir la posibilidad de que las personas condenadas por terrorismo, apología del terrorismo, narcotráfico, violación sexual, colusión, peculado o corrupción puedan ser presidentes, vicepresidentes, congresistas, parlamentarios andinos, gobernadores regionales y hasta alcaldes, “aun cuando hubieran sido rehabilitadas”. Esta última parte de la ley, sin embargo, fue declarada inconstitucional por el TC en noviembre del 2022, bajo el argumento de que vetar la participación política de los condenados que ya han cumplido sus penas “contraviene el derecho de reincorporación a la sociedad” reconocido en la Carta Magna. Sin embargo, los legisladores actuales optarían por una reforma constitucional para evitar que la ley acabe como su predecesora y para, de paso, honrar también parte del espíritu que inspiró el mencionado fallo del TC. No olvidemos, por último, que desde el 2020 ya están impedidos de postular todos los condenados en primera instancia por la comisión de delitos dolosos.

Sin embargo, como mencionábamos líneas atrás, pese a que el dictamen fue aprobado en la Comisión de Constitución el 14 de marzo del 2023, todavía no ha sido debatido en el pleno. Según fuentes consultadas por este Diario, la demora se explicaría por el hecho de que sus promotores no han conseguido los 87 votos que la iniciativa necesita para salir adelante. Pero aquel razonamiento es arriesgado. Esperar a tener asegurados los endoses necesarios podría llevar a que la ley en cuestión nunca se vote (más aun cuando necesita ser aprobada en dos legislaturas diferentes) y, con ello, que los peruanos debamos ver, por ejemplo, cómo un asesino como Antauro Humala, que ventila sus intenciones electorales por donde quiera que pasa, se convierte en aspirante a un cargo público en los próximos comicios. Esto, además, habiendo constatado el poco criterio mostrado por el Jurado Nacional de Elecciones al inscribir al partido Antauro en el registro de organizaciones políticas unos meses atrás.

Afortunadamente, ayer, la Junta de Portavoces colocó este dictamen en su agenda priorizada. Pero, junto con él, se incluyeron otras iniciativas que, habida cuenta del poco tiempo que resta hasta el sábado, da la sensación de que los parlamentarios terminarán discutiendo estos temas con un ojo en el reloj. Los que sí parece que no se votará en esta legislatura son los informes de la Comisión de Ética que recomiendan suspender a los parlamentarios Katy Ugarte (60 días), José Luis Flores Ancachi y Juan Carlos Lizarzaburu (estos últimos por 120 días). A los dos primeros, por denuncias de haberles recortado el sueldo a sus trabajadores. Y a Lizarzaburu, por las frases irreproducibles que se le escuchó decir sobre su colega Patricia Juárez durante una sesión de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales en la que dejó su micrófono abierto.

Así las cosas, una vez más los representantes nacionales han esperado que llegue el final de la temporada para recién mostrar, en algunos casos, algo de preocupación por la agenda pendiente y, en otros, ningún interés al respecto. Aún tienen cuatro días para salvar en algo la legislatura.