Nadie más

Hay un tipo de problemas sociales en los que no se requiere demasiada argucia para identificarlos. Aparecen ante cualquier observador, pueden ser relativamente simples de medir y, por su vistosidad, suelen tener mejores chances de llegar rápido al tope de las prioridades de los políticos y de la prensa. Entre estos se cuentan, por ejemplo, la delincuencia común, el caos vehicular o la pobreza. Pero hay otro tipo de problemas sociales que, por su naturaleza, escapan del ojo público. Son actos que se cometen a puerta cerrada y de los que ningún participante quiere hablar. Eso los hace menos notables para la agenda de las políticas públicas, pero no por eso menos importantes ni perniciosos.

Desde hace varios meses, este Diario ha querido llamar la atención sobre uno especialmente vil: el abuso en contra de mujeres y niños. En la historia central de portada de ayer, por ejemplo, resaltamos que cada día se reportan 18 casos de abusos de educadores contra escolares; un tercio de ellos corresponde a violencia sexual. Reportamos también que, entre enero del 2012 y agosto del 2023, las fiscalías de Lima registraron 18.773 casos por violencia sexual contra menores de edad. No obstante, solo el 3,4% ha llegado a sentencia. De acuerdo con la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (Endes) del 2022, más del 50% de las peruanas denunciaron haber sufrido algún tipo de violencia por parte de su pareja o conviviente.

Con seguridad, todas las cifras que se puedan obtener en este campo representan tan solo la parte más visible del problema. En muchos casos, las víctimas temen represalias y los sistemas de denuncia no están preparados para manejar adecuadamente situaciones tan delicadas. El dramático caso de Luis Ángel Yacila, psicólogo denunciado a finales de octubre por abusar sexualmente de una menor tutelada por la Unidad de Protección Especial (UPE) del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), es paradigmático. Una sociedad incapaz de impedir el abuso de sus miembros más vulnerables es una sociedad que ha fallado profundamente en una de sus tareas más elementales.

En este contexto el Grupo El Comercio inicia hoy una campaña para visibilizar los abusos en contra de mujeres y menores a lo largo del país, a fin de reducir su incidencia y evitar que queden impunes. El esfuerzo se traducirá en una serie de reportajes, notas, informes y otros contenidos propios de medios del Grupo El Comercio, que tendrán un impacto en echar luces sobre un flagelo inaceptable, pero oculto, para millones en el Perú. Con ello se empodera a la ciudadanía para demandar herramientas efectivas de combate contra este mal endémico y se genera conciencia sobre su extensión.

Los políticos y el sector público están llamados a responder. Desde el Congreso de la República, desde el MIMP, desde la fiscalía y la PNP, hay toda una cadena de decisiones que debe ser puesta al servicio de la prevención, detección y sanción de casos como los señalados. Pero el trabajo va más allá de los pasillos de los ministerios o comisarías. Lo que se necesita, en el fondo, es una ciudadanía comprometida con un cambio cultural que haga inimaginable lo que hoy ocurre, a puertas cerradas, con cierta regularidad. Nadie debería vivir con miedo a su padre, esposo o profesor. Nadie debería ser ignorado o revictimizado cuando narra con valentía un episodio trágico. La campaña que hoy iniciamos quiere dejar claro que, como sociedad, nos vamos a seguir preocupando de que nadie más sufra abusos en silencio.