Si el caso de Yeny Quispe Quiquijana (detenida el año pasado en Tacna cuando transportaba 11,9 kilos de cocaína) reveló la ligereza con la que Alianza para el Progreso (APP) había encarado la tarea de filtrar sus listas congresales de personas con problemas con la justicia, un reciente desembalse de ofertas electorales del aspirante presidencial César Acuña nos muestra que tampoco el diseño de propuestas realistas y con sustento técnico es una responsabilidad que haya sido asumida con seriedad en ese partido.
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La señora Quispe, como se recuerda, iba con el número 6 en la lista parlamentaria por Puno de la organización política en cuestión, y solo la denuncia que hiciéramos en este Diario acerca de las acusaciones de favorecimiento al tráfico ilícito de drogas planteadas contra ella por la fiscalía motivaron que APP solicitase su retiro de la competencia electoral.
El problema de las ofertas programáticas inconsistentes, por otro lado, ya había asomado antes en el discurso de Acuña, pero en una entrevista radial concedida por él esta semana ha conocido nuevas dimensiones. En ella, en efecto, el exgobernador regional de La Libertad promete cosas tan vaporosas y fabulescas como otorgar un bono a todos aquellos ciudadanos que estén en situación vulnerable por un año, renegociar el contrato de Camisea y poner el precio del gas a S/15 o S/20 máximo, “poner orden” en las tasas de interés, “ver el tema” del Banco Central de Reserva (BCR) y hacer que ayude a las pymes y mypes, lograr que el Banco de la Nación sea “el mejor banco del Perú” y tener a todos nuestros compatriotas vacunados contra el COVID-19 en diciembre... una serie de ofertas, pues, que no se condice ni con la racionalidad económica ni con el estado de las finanzas del país, amén de ignorar, en algún caso, la autonomía con la que se rige, por disposición constitucional, el BCR.
Lo más grave de todo, sin embargo, es que, a propósito del asunto del gas, ha afirmado que “se tienen que hacer los estudios” (de lo que se deriva que la oferta ha sido lanzada sin previsión alguna) y que, interrogado sobre la manera en que se alcanzaría tanto esa meta como la más general de “generar empleo”, su respuesta fue: “Ya veremos cómo”...
Es decir, lo que el postulante presidencial pide es no solamente que creamos en la factibilidad de iniciativas que, con prescindencia de la poca sensatez que entrañan, lucen bastante inverosímiles, sino también en una presunta capacidad de improvisación que, llegada la ocasión, le permitirá materializar lo que por el momento no sabe cómo sacar adelante.
Pocas veces, en honor a la verdad, ha quedado tan a la vista la pobreza del pretendido trueque de ofertas imposibles por votos que, elección tras elección, encarnan aquellos postulantes más interesados en acceder al poder que en administrarlo con solvencia si la responsabilidad cae en sus manos.
En el caso de Acuña y APP, por lo demás, refuerzan ese cuadro de precariedad institucional la supuesta desconexión entre la voluntad del líder y el comportamiento de la bancada partidaria cuando se decidió en el Congreso la vacancia del ahora expresidente Martín Vizcarra. O la insostenible tesis de que el proyecto de reforma del sistema de pensiones formulado e impulsado por la parlamentaria Carmen Omonte, candidata a la vicepresidencia en la plancha que encabeza el propio Acuña, no ha contado con el aval de esa organización. Un detalle del que recién nos hemos enterado cuando la avalancha de críticas a la calamitosa iniciativa ha determinado que se la destierre al desván de los experimentos fallidos.
Lo que hay en ambos casos, como resulta evidente, es simplemente un ánimo de desmarcarse de los costos de una jugada política que no salió como se esperaba. Pero conseguir semejante acto de prestidigitación solo será posible si, en el camino hacia el 11 de abril, los medios y los electores nos dejamos distraer de lo esencial.
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