Salpicando a la fiscalía

Ayer, la Junta Nacional de Justicia (JNJ) programó para el próximo miércoles 6 de diciembre la audiencia en la que se revisará el pedido realizado por la magistrada Imelda Tumialán para que Patricia Benavides sea suspendida temporalmente de sus funciones como fiscal de la Nación. Desde este Diario sostenemos que Benavides no debería continuar como titular del Ministerio Público. Ello, no solo por lo problemático que resulta que la cabeza del organismo encargado de perseguir el delito en nuestro país esté implicada, al mismo tiempo, en una presunta organización criminal enquistada en la cúpula de la institución, sino porque con su decisión de reubicar a la fiscal a cargo de dicho caso, Marita Barreto, en la madrugada del lunes, ha dejado en evidencia los linderos que es capaz de cruzar para cuidar sus espaldas.

Estos, en buena cuenta, son los motivos que muchas otras personas, dentro y fuera de la fiscalía, han esgrimido para pedir su salida. Pero hay otra razón menos comentada. Y es que su continuidad como fiscal de la Nación compromete, lo quiera ver ella o no, la imagen de la institución que preside y que, no lo olvidemos, tiene entre sus manos casos emblemáticos por los que el país viene esperando resoluciones como los de Lava Jato, Los Cuellos Blancos del Puerto, Alas Peruanas, los que atañen al expresidente Pedro Castillo y a varios exfuncionarios de su gobierno, y muchísimos otros de lavado de activos, corrupción y organización criminal.

Ya la Unidad de Investigación de este Diario había advertido hace semanas que durante la gestión de Benavides importantes despachos fiscales han tenido que lidiar con el hecho de que sus encargados enfrenten procesos internos por nimiedades y con recortes de personal. Esto, gracias en buena cuenta al activo trabajo de Juan Antonio Fernández Jerí como primer jefe de la Autoridad Nacional de Control (ANC) de la entidad que, según fuentes de El Comercio, se encontraría subordinado a Benavides.

Fue con Fernández Jerí, por ejemplo, que la ANC le abrió un proceso al fiscal Richard Rojas, responsable de la investigación al financiamiento de la campaña de Perú Libre que llevó a Castillo a la presidencia; un caso que comprende al hoy prófugo Vladimir Cerrón y a la presidenta Dina Boluarte. Otro caso más conocido es el del fiscal Rafael Vela, coordinador del equipo especial Lava Jato, que fue suspendido ocho meses por la ANC por unas declaraciones de hace tres años sobre un asunto que era de público conocimiento. Y está también el de la propia Barreto, que afronta un proceso disciplinario por unos viajes al extranjero autorizados por la propia Benavides. Al respecto, es sospechoso que en el allanamiento de las oficinas de uno de los asesores de Benavides se haya encontrado documentación de la ANC, un organismo supuestamente autónomo, sobre Barreto.

Si a ello le sumamos el hecho de que la imagen ahora salpicada de la fiscal de la Nación proyecta una sombra sobre el trabajo de la institución que encabeza, el riesgo de que estos casos sean puestos en duda por sus protagonistas para el beneficio de corruptos y criminales de distinto pelaje es un elemento que no puede ignorarse en el análisis.

Por encima de las personas, hemos dicho en reiteradas ocasiones, están las instituciones. Estas son, al final del día, las que terminan absorbiendo los golpes por los cuestionamientos que arrecian sobre sus titulares. Y no hace falta ser un observador ducho para presumir que algún tipo de relación debe existir entre la circunstancia de que en los últimos años hayamos tenido tantas autoridades señaladas por malos manejos y la poca confianza que los peruanos afirmamos depositar en nuestras instituciones.

Esta crisis de confianza no es algo etéreo, sino que impacta en la vida de los ciudadanos de múltiples maneras, desde servir como abono para la ascensión de populistas autoritarios, hasta disuadir a los empresarios para que inviertan más.

En tiempos de crisis como los que vivimos, no se puede permitir que instituciones claves para nuestra democracia se sigan empañando.