La palabra con R

La Comisión de Constitución del Congreso se pronunció este martes a favor de una reforma constitucional que permita la reelección inmediata de alcaldes y gobernadores regionales por única vez. El texto de la iniciativa, que plantea la modificación de los artículos 191 y 194 de la actual Carta Magna, recibió el voto aprobatorio de 12 integrantes de la referida comisión, mientras que otros seis votaron en contra. Las abstenciones fueron tres.

Ahora la propuesta deberá ser sometida a consideración del pleno, donde requerirá cosechar un mínimo de 87 votos de respaldo en dos legislaturas ordinarias sucesivas para ser aprobada. La fecha en que tal debate habrá de tener lugar todavía no se sabe, pero lo que sí es claro es que será acalorado y de pronóstico reservado. Esto, porque la materia mueve pasiones que fueron en su momento exacerbadas por la demagogia.

La prohibición para el tipo de reelecciones que ahora se busca restituir se estableció a partir de una reforma constitucional aprobada en el 2015, en medio del clima adverso que generaron los abundantes casos de corrupción asociados, precisamente, a alcaldes y presidentes regionales (así se los llamaba entonces) que se conocieron por esos días, como el del ahora preso ex gobernador regional de Áncash César Álvarez. El, digamos, razonamiento que existió detrás del veto fue que el estímulo a la corrupción derivaba por lo general del afán de perpetuarse en el cargo y conseguir así una fuente permanente de dineros mal habidos.

Tal premisa, como es obvio, se ha demostrado falsa con el paso de los años, pues la prohibición de la reelección no ha ocasionado una disminución en las referidas rapiñas. Autoridades subnacionales corruptas hubo y ha seguido habiendo antes y después de la reforma, e incluso parecen haberse incrementado. La demagogia desplegada en esa ocasión –y luego también cuando se promovió igual veto con relación a los congresistas– determinó que ‘reelección’ se convirtiese en una mala palabra.

Ocurre, no obstante, que la posibilidad de reelegirse representa en realidad, para las autoridades que llegan al cargo por esa vía, un estímulo para todo lo contario. Esto es, para hacer las cosas bien, pues de esa manera los electores estarán dispuestos a premiarlos a través del voto, confirmándolos para un nuevo período de gestión. Esa figura da ocasión, además, a que los políticos se especialicen en la función que aspiran a cumplir y no tengan que aprender lo que el reto supone cuando obtienen un triunfo en las ánforas y luego esperar una cierta cantidad de años para estar en capacidad de poner nuevamente en práctica lo aprendido. Nadie discute que las apetencias por acceder al poder o permanecer en él estén con frecuencia tocadas por propósitos aviesos, pero eso debe sancionarse con sistemas de alarmas institucionales y penas efectivas a los abusos, no con la proscripción absoluta de llegar dos veces consecutivas a un puesto desde el que se puede obrar bien o mal.

En ese sentido, pensamos que es un acierto que la Comisión de Constitución haya mostrado esta semana la presencia de ánimo suficiente para desempolvar una materia que se había convertido en tabú. Falta ver si en el Legislativo habrá voces que se atrevan también a reabrir la discusión sobre la eventual reelección parlamentaria. Es decir, a poner la materia abiertamente sobre la mesa, en lugar de estar tratando de disfrazarla o pasarla de contrabando en la norma para volver a la bicameralidad. Intentar abrir esa posibilidad de manera furtiva es precisamente lo que crea la sensación de que están impulsando algo turbio, inconveniente para la ciudadanía.

Atreverse a pronunciar la palabra con R con todas sus letras es un desafío al que los congresistas que quieran hacer algo más que gozar de las ventajas de llegar al Legislativo por cinco años y luego desaparecer entre las sombras no deberían quitarle el cuerpo. Todavía hay tiempo para promover también esa reforma constitucional antes de que los plazos para las elecciones del 2026 comiencen a correr.