La agenda populista del Congreso

Una información publicada ayer por este Diario revela que la reanudación de las actividades parlamentarias previstas para marzo amenaza con estar dominada por el debate y la eventual aprobación de proyectos de ley que buscan tocar asuntos que la ciudadanía percibe en este momento como problemáticos, pero no necesariamente desde una perspectiva integral y razonada, sino atendiendo en esencia a demandas cortoplacistas que pueden empezar siendo aplaudidas por un sector de la población para luego, cuando ya sea demasiado tarde, mostrar sus deficiencias.

Un sondeo realizado entre las distintas bancadas indica que las materias priorizadas en las iniciativas que esperan su turno para ser vistas en el pleno o en algunas comisiones son la seguridad ciudadana y las pensiones. Una manera de transmitirle a la gente el mensaje de que el Legislativo tiene los reflejos necesarios para responder a sus mayores preocupaciones. Esto es, el desborde de la delincuencia en el territorio nacional y el deterioro de la situación económica. Pero detectar correctamente un problema no es lo mismo que plantear una solución adecuada para él… Y eso queda muy claro al revisar los proyectos de algunas bancadas sobre los temas ya mencionados.

Alianza para el Progreso y Unidad y Diálogo Parlamentario, por ejemplo, quieren impulsar una norma para tipificar el delito de “terrorismo urbano” (en realidad, hay seis iniciativas que apuntan en ese sentido). La medida, por supuesto, suena muy drástica y decidida, pero los expertos consultados por El Comercio presentan algunas objeciones al respecto. Específicamente, el exviceministro del Interior Ricardo Valdés señala que calificar de “terrorismo urbano” a actividades delictivas ya calificadas en nuestro orden legal solo traería confusión.

Desde la primera de esas bancadas, además, se alista un paquete de medidas referidas a la formación e idoneidad de la carrera policial cuya argumentación técnica todavía no se conoce. Y, desde la segunda, el congresista Juan Burgos (vocero del grupo parlamentario) adelanta que ellos alentarán el retorno de los jueces sin rostro. Una figura ya ensayada y fracasada durante el fujimorismo. Los juicios a los terroristas procesados de esa forma, como se recuerda, tuvieron al final que repetirse, provocando un río revuelto que benefició a algunos de ellos. Frente a esto, lo que Valdés recomienda es hacer, más bien, lo elemental: dotar de recursos al sector Interior y mejorar el sistema del Poder Judicial. Ese tipo de iniciativas, no obstante, es menos visible y, al parecer, menos atractivo para quienes buscan desesperadamente mejorar su mellada popularidad. No olvidemos que en la reciente encuesta nacional realizada por Datum y publicada el domingo en este Diario, la desaprobación del Congreso llega al 86%, mientras que su aprobación a duras penas alcanza el 8%.

En lo que concierne a las pensiones, las cosas no lucen mucho mejor. En la Comisión de Economía, se cocina una disposición que pretende abrir las puertas a un enésimo retiro de fondos de las AFP y esta vez hasta por un monto equivalente a las 4 UIT (S/20.600). Esto, a fin de “fomentar la reactivación y mejorar el flujo económico del país”, según el presidente del referido grupo de trabajo, César Revilla (Fuerza Popular). Con sentido del humor quizás involuntario, Revilla agrega que tal retiro de parte de los afiliados al sistema “sería el último”. Cabe anotar que las bancadas de Cambio Democrático, Podemos Perú y Perú Bicentenario están en el mismo afán. El daño que se haría con una iniciativa así a las ya muy melladas pensiones de los futuros jubilados, por supuesto, es un detalle que se prefiere ignorar.

Existen también proyectos referidos a reformas políticas que tienen que ver con la posibilidad de abrir una brecha para la reelección parlamentaria, pero eso, aunque pueda estar inspirado por un ánimo de beneficio propio, no es necesariamente negativo. Lo realmente preocupante es la agenda legislativa directamente populista que se vislumbra para la legislatura que empieza en marzo y que, a contrapelo de lo que se propone, promete abonar las razones por las que el Congreso es tan mal evaluado por una enorme mayoría de peruanos, encuesta tras encuesta.